La documentación reúne 1.352 informes expedidos entre marzo y mayo de 2025, relativos a establecimientos de 17 comunidades autónomas. En ellos se reprodujeron las firmas de los tres trabajadores sin que, según la investigación, conocieran ese uso ni lo hubieran autorizado. Los afectados aseguran que tampoco habían revisado los expedientes que sus rúbricas supuestamente avalaban. Uno de ellos, destinado habitualmente en Madrid, figuraba supervisando comprobaciones en Santurce, Lorca u Oviedo y descubrió documentos cuya existencia desconocía cuando comenzaron a citarlo para declarar en los juicios.
La investigación también identifica diferencias entre los tiempos registrados y las comprobaciones que los documentos aseguraban haber realizado. De 69 inspecciones examinadas en detalle, 31 duraron menos de los doce minutos que el procedimiento consideraba necesarios para observar el código identificador de la señal televisiva; tres registraban cero minutos y otras nueve, apenas uno. Los metadatos mostraban además la generación de informes por lotes, entre ellos 30 documentos confeccionados en 34 minutos. Estas inconsistencias añaden preguntas sobre los controles aplicados antes de presentar los expedientes, aunque no demuestran por sí solas que las emisiones de los bares estuvieran autorizadas.
LaLiga rechaza la acusación y sostiene que los verificadores conocían el uso de sus firmas, que considera amparado por la relación laboral. La entidad asegura tener pruebas, anuncia acciones legales y señala que mantiene litigios previos con algunos de los trabajadores. Los afectados, en cambio, niegan haber autorizado que sus rúbricas acreditaran una supervisión que no realizaron. Esa discrepancia afecta a documentos que, según la investigación, llegaron a más de un centenar de juzgados como prueba contra establecimientos hosteleros.
De perseguir emisiones ilegales a dar explicaciones sobre sus pruebas: la investigación pone en cuestión los controles de LaLiga bajo la gestión de Javier Tebas.
FOTO: AFP
Del bar a internet, el cerco antipiratería
LaLiga llegó a ofrecer 50 euros por identificar bares que emitieran partidos sin autorización, una medida que amplió la búsqueda de infracciones más allá de sus propios verificadores. A través de su Canal de Denuncias, clientes, vecinos o competidores podían comunicar posibles emisiones irregulares. La gratificación exigía que el denunciante se identificara y que la información fuera comprobada: señalar un establecimiento no bastaba para cobrar. La entidad presentó la iniciativa como una herramienta para proteger los derechos audiovisuales y a los hosteleros que pagan por ofrecer legalmente el fútbol.
El control alcanza situaciones diferentes. Un local puede recurrir a una señal pirata, pero también emitir mediante una suscripción doméstica que no autoriza la exhibición de los encuentros en un establecimiento público. Pagar por ver fútbol en casa no equivale a tener permiso para mostrarlo a los clientes de un bar. Las operadoras comercializan paquetes específicos para hostelería que incorporan esa autorización, una distinción que explica por qué las inspecciones no buscan únicamente comprobar qué partido aparece en pantalla, sino también cómo se recibe la señal.
La otra pata de la estrategia está en internet, donde la organización persigue páginas y servicios que distribuyen contenidos sin permiso. En ese ámbito, el objetivo puede estar lejos del usuario que mira el encuentro: incluye las plataformas, los servidores y los canales de comercialización que sostienen las retransmisiones. La participación de LaLiga como socio estratégico en la operación internacional KRATOS 2, coordinada con Europol, trasladó esa ofensiva al terreno de las redes organizadas de distribución ilegal de contenidos audiovisuales.
La controversia sobre las firmas pone el foco en las garantías de esa maquinaria de control. La defensa de los derechos de emisión permite reclamar contra quienes los vulneran, pero las pruebas utilizadas deben reflejar comprobaciones efectivamente realizadas y responsabilidades correctamente atribuidas. La cuestión que abre la investigación es cómo se elaboraron y supervisaron los documentos con los que se actuó contra los bares. LaLiga rechaza las acusaciones; los trabajadores afectados niegan haber validado los expedientes que llevaban sus rúbricas.
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