Al día siguiente, lunes 19/05, a las 16:00, Cristosal denunció que aún no sabían dónde estaba López detenida y que tampoco había podido comunicarse con sus abogados defensores.
La Fiscalía dijo en una publicación de redes sociales que el delito del que se le acusa es peculado (robo de fondos públicos) y que también está relacionado Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, que fue detenido en febrero.
Chicas estaba acusado de enriquecimiento ilícito y, según la Fiscalía, este domingo 18/05 también se le informó del nuevo delito. Todo el proceso por el delito de enriquecimiento ilícito cuenta con reserva total, el secreto judicial que el sistema de justicia controlado también por la Presidencia, suele establecer a todos los casos que tienen una carga política en el país, incluyendo las más de 85.000 personas capturadas durante los más de tres años de régimen de excepción.
López es una de las voces de denuncia más insistentes ante distintos indicios de corrupción de la administración Bukele.
Ella dirige un equipo de abogados y peritos forenses en la investigación de casos y desde 2019 presentó avisos y denuncias en distintas oficinas estatales.
Cristosal detalló que López ha estado al frente de 15 casos de gran corrupción. Por ejemplo, interpuso avisos penales por presuntos fraudes relacionados con la Chivo Wallet, la fracasada billetera digital que el Gobierno de Bukele creó para intercambios con criptomonedas; también denunció transferencias irregulares de inmuebles, la creación de plazas fantasmas en instituciones del Estado y presentó avisos por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios.
También denunció el uso de software de espionaje Pegasus contra periodistas, activistas y defensores del medio ambiente.
Cristosal ha sido atacada masivamente en redes sociales.
Según el relato de los familiares, los policías que llegaron a su casa a bordo de una patrulla policial le mencionaron, inicialmente, que ella estaba involucrada en un accidente de tránsito y que necesitaban hablar con ella.
Al salir de la vivienda, los policías le dijeron que quedaba detenida con una orden girada por la Fiscalía. López estaba en ropa de dormir y pidió espacio para cambiarse de ropa antes de subir a la patrulla. Los policías le negaron el permiso. López tuvo que cambiarse contiguo a la patrulla. A partir de ahí no se ha podido confirmar su paradero.
Minutos después de la captura de López, el comisionado presidencial de libertad de expresión y derechos humanos, Andrés Guzmán Caballero, que ha sido un fiel defensor del régimen bukelista, publicó en redes sociales su renuncia al cargo.
“Para alcanzar nuevas cumbres hay que saber cuándo cerrar un capítulo y comenzar otro con visión estratégica y prudencia”, escribió en una carta que publicó 40 minutos después del anuncio de la captura por parte de la Fiscalía.
Eleonora Alfaro, madre de la defensora de derechos humanos capturada, dijo que la detención de su hija podría estar relacionada con la denuncia que hizo contra la industria de la minería.
A título personal, López ayudó a la recaudación de firmas que distintas organizaciones sociales entregaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa para derogar la ley que rehabilita la industria del oro y en la que Bukele depositaba las esperanzas de enriquecimiento del país. “Es un crimen lo que han hecho contra mi hija”, dijo la señora Alfaro.
La captura de López ocurre a menos de 2 semanas del 6to. aniversario de gobierno de Bukele que, desde el 01/06/2024, ocupa la Presidencia en violación a la Constitución que prohíbe que los mandatos presidenciales duren más de 5 años.
Igual que Daniel Ortega
Bukele anunció el 13/05 una Ley de Agentes Extranjeros que impondrá un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben las organizaciones de la sociedad civil.
En el anuncio, publicado en su cuenta personal de X, también acusó a estas organizaciones de responder a una agenda globalista y de buscar desestabilizar al país.
El anuncio de la nueva legislación, similar a la que existe en Nicaragua, obliga a comparar a Bukele con el dictador Daniel Ortega.
El anuncio de Bukele sobre la reactivación de la Ley de Agentes Extranjeros ocurrió 1 día después de que habitantes de la comunidad El Bosque fueran reprimidos por agentes antimotines de la Policía y de la Brigada Especial de Seguridad Militar, durante una protesta pacífica frente a la entrada del Condominio Residencial Los Sueños, donde vive el presidente Bukele mientras está construyendo una nueva residencia presidencial.
La cooperativa El Bosque lleva décadas luchando por permanecer en esas tierras donde habitan y trabajan. No es la primera vez que salen a manifestarse de forma pacífica. Lo hicieron en 2022 frente al Juzgado de Santa Tecla y también denunciaron estafa por parte de Luis Antonio Palomo.
La respuesta del Gobierno ante la manifestación fue la captura de José Ángel Pérez, líder de la Cooperativa y pastor de la iglesia Elim; y a Alejandro Hénriquez, consultor jurídico de la Cooperativa El Bosque y defensor de derechos humanos.
Bukele se ha referido a la documentación realizada por diferentes medios de comunicación de la represión policial como parte de una estrategia de desestabilización.
Más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil denunciaron el caso. En la lógica de Bukele, dice que el dinero que piensa cobrar en impuestos a las organizaciones servirá para que las familias de El Bosque no pierdan sus hogares “ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa”, dijo Bukele en el comunicado.
Al mismo tiempo, un grupo de periodistas de El Faro salieron del país ante las advertencias oficialistas de órdenes de arresto como consecuencia de publicar una investigación que retrata la relación de Bukele con las pandillas desde que fue alcalde de San Salvador.
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