Por un lado, se busca que la Oficina Municipal pueda iniciar actuaciones de oficio sobre billeteras virtuales y entidades de crédito no bancario que operan en Rosario, con el propósito de detectar posibles cláusulas abusivas, falta de información sobre los costos reales de los préstamos, ausencia del botón de arrepentimiento y mecanismos de cobranza que puedan implicar acoso u hostigamiento a los deudores.
Por otro lado, la segunda iniciativa apunta hacia el Gobierno de Santa Fe y propone que la Provincia profundice las tareas de fiscalización, investigación y eventual sanción de empresas que ofrecen créditos digitales, tomando como referencia las medidas adoptadas recientemente en la provincia de Buenos Aires.
"El Estado tiene herramientas para intervenir y proteger a los consumidores. No podemos esperar a que una familia llegue al límite para actuar", remarcó Norma López.
Empresas bajo la lupa y modelos de referencia
El radio de control propuesto pone la lupa sobre firmas como Mercado Pago, Naranja X, Ualá y Cencosud, además de otras corporaciones del crédito digital, con la intención de conocer cómo se determinan los costos financieros de los préstamos y bajo qué condiciones son ofrecidos a los usuarios.
Esta discusión cobró impulso a partir de la visita al Concejo del ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, quien presentó la experiencia desarrollada en su distrito sobre la investigación de oficio a empresas, el control de billeteras virtuales y entidades financieras, las exigencias de explicaciones sobre tasas de interés y el avance de sanciones ante prácticas abusivas.
Frente a la proliferación de préstamos digitales y las dificultades crecientes para afrontar las obligaciones, la propuesta prioriza controlar las condiciones de oferta para garantizar que los ciudadanos conozcan de manera clara el monto final que terminarán abonando.
Volvió a subir la morosidad en julio
La morosidad del crédito experimentó un nuevo repunte en julio, revirtiendo la leve pausa de junio y retomando una tendencia ascendente que se extendió por 19 meses. El informe de la consultora 1816 revela que la irregularidad total del sector privado no financiero escaló de 7,63% en junio a 7,73% en julio.
Sobre ese marco, el deterioro fue más pronunciado entre las familias. La morosidad de los hogares avanzó de 12,77% a 12,94%, mientras que entre las empresas pasó de 3,50% a 3,61%.
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