· En materia monetaria, acabar con la monetización del déficit y suba de tasas de interés. Recurrir al mercado interno por parte del gobierno nacional para financiar el déficit fiscal en pesos.
· En materia inflacionaria, depender menos de la emisión monetaria, y acuerdo de precios y salarios. La convergencia hacia el equilibrio fiscal por parte del gobierno parece tener la intención de ser financiada no por emisión monetaria, sino toma de deuda en el mercado local en pesos. Luego, se "atacará" la inflación a través de acuerdos sociales, en que se fijen precios y salarios en una mesa de dialogo.
· En materia de balanza de pago y tipo de cambio, no habrá devaluación del tipo de cambio real si se exporta más de lo que se importa. Además, con respecto al flujo de capitales, se desalentará la inversión "especulativa" que no apueste a la economía real.
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El ministro de economía, Martín Guzmán, muestra aquellos puntos en los que se dialoga con el FMI para un acuerdo sustentable.
En qué difieren el gobierno y el FMI
"En sendero fiscal es el punto donde no hay acuerdo", dijo Martín Guzmán. Y es de esperar, ya que el Poder Ejecutivo pretende reducir el déficit primario (el gasto público operativo, sin tener en cuenta pago de intereses de deuda) de manera gradual para finalmente converger al equilibrio en el año 2026. Esto significa, que al gobierno le llevará 4 años lograr igualar sus costos operativos a sus ingresos, reduciendo en cuatro años el equivalente a 3,5% del PBI. Peor aún, una vez llegado a tal equilibrio primario, aún tendrá déficit fiscal, ya que no está contabilizando el pago de interés de la deuda, lo cual es gasto público. Martín Guzmán intenta maquillar esta inoperancia en la política económica como "el camino virtuoso" para lograr la reducción del déficit en función del crecimiento económico, sin realizar ningún tipo de reforma estructural como la reducción del gasto público que se encuentra en su máximo histórico. Tal crecimiento económico que espera el ministro de economía, reduciría los desequilibrios a costa de mayores ingresos tributarios. Quien paga el ajuste siguen siendo los argentinos, la política aún no sufrió la crisis.
