Dada la ausencia de un verdadero -y concreto- plan económico por parte del Gobierno, desde la Fundación Libertad y Progreso compartieron cuáles son las reformas necesarias para la recuperación argentina.
Desde Libertad y Progreso, prevén que 2022 seguirá caracterizado por:
Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que en la negociación se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas.
Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral.
Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo), compensándola por un fondo o seguro de desempleo.
Reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia en la gestión, asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar.
Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos años. Así se evita el costo social de que queden sin ingresos.).
Incentivos a las empresas que los contraten: Eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
Buscando incentivar darles empleo, por ejemplo, generalizando el Plan Empalme. Supresión de fondos asignados a la Economía Popular. Auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.
Normalizar en un plazo prudencial las tarifas y precios, para que cubran los costos más una ganancia que incentive la inversión en el sector. El impacto sobre los estratos de menores ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda.
En un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado llegar en una década a 70 años para ambos sexos. A las madres se les reconocerá el equivalente a un año por cada hijo hasta un máximo de 7 años. Habilitación de fondos privados de retiro admitiendo la canalización de parte de los aportes
Eliminación gradual del impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque). Reducción hasta su eliminación, de los derechos de exportación y del impuesto los Bienes Personales
Envío al Congreso de una Ley para la devolución de potestades tributarias a las provincias (Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (provinciales) y calibración de éste con la alícuota del IVA (nacional) para empalmar con la distribución primaria vigente.
Supresión de la coparticipación vertical.
Ampliar a concreción de acuerdos de libre comercio. Acordar en el Mercosur la forma de reducción del arancel externo común.
Particularmente de las normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios. Desandar las normas intervencionistas -Ej. Ley de Alquileres-. Facilitar el uso de dinero electrónico.
Luego de que se restablezca el nivel de las reservas, que podrán reforzarse con un swap o un préstamo sólo utilizable como respaldo, y cuando alcance el nivel de la base monetaria al tipo de cambio libre vigente, se establecerá la convertibilidad peso-dólar. A diferencia de la que se implementó entre 1991 y 2001, el depositario de las reservas asignadas a la convertibilidad y el encargado de su manejo será una institución financiera internacional (Ej: Banco de Ajustes de Basilea)