Durante tres meses consecutivos, la inflación núcleo marcó en septiembre, octubre y noviembre, un 3,3%, un 3,2% y un 3,3% respectivamente. Estos datos no son poco relevantes, ya que de mantenerse en estos niveles, la señal que nos está dando esta tendencia es que Argentina continua viajando en una senda inflacionaria que se sitúa muy cercana al 47% de inflación anual. Nobleza obliga, este cálculo es una estimación sobre la velocidad a la que se encuentra actualmente viajando la inflación argentina, para llegar a tales niveles inflacionarios, debería de mantenerse la tasa de inflación mensual por encima del 3% mensual. Además, debido a que en el ámbito monetario la inflación depende de la confianza que los agentes le tienen a su moneda y de la tasa de emisión monetaria por encima de la demanda de mercado, tal estimación podría bien quedarse corta, y que la inflación sea peor, o fallar por completo y exagerar el fenómeno, lo cual resultaría en una menor variación de precios para 2022.
Pero con las miradas puestas en el año 2022, ¿es posible que se reduzca la inflación sin atacar la verdadera problemática? ¿Es posible una reducción de la inflación sin eliminar la emisión monetaria, lo cual significaría acabar con al monetización del déficit? El ministro Martín Guzmán fue consultado sobre cómo enfrentará la inflación el año entrante, a lo cual respondió que se utilizará "como un elemento más de una política antinflacionaria integral, poder acordar con el sector privado un esquema de precios cuidados que formen como un ancla más para la formación de expectativas para poder ir venciendo la persistencia en el proceso inflacionario y que eso nos ayude a bajar más fuertemente la inflación", insistiendo en que hay factores multicausales para el fenómenos inflacionario en Argentina, y dejando entrever que no apuntan a bajar la monetización del déficit fiscal a través de la emisión monetaria, sino a fijar precios para controlar la suba generalizada de precios, políticas que fracasaron históricamente en Argentina y en el mundo.
Entonces, ¿qué podría cambiar el año próximo? Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales, motivo por el cual no podrá tomar deuda para financiar el déficit fiscal que desea mantener, sino que deberá recurrir a la emisión monetaria para cubrir el rojo fiscal del Tesoro de la Nación. Otra solución podría ser la de reducir el gasto público, y con ello aliviar la presión inflacionaria evitando tal emisión, pero el ministro de economía y el kirchnerismo se encuentran reacios a realizar tal ajuste, por lo menos de manera explícita. Entonces, ¿de qué les sirve la inflación y por qué no están dispuestos a bajarla? La respuesta es sencilla. La inflación licua el gasto público, es en pocas palabras, un medio a través del cual se puede reducir el gasto del poder ejecutivo en términos reales sin la necesidad de llevar a cabo un ajuste que conlleve costos políticos. A mayores niveles inflacionarios, los cuales a propósito no están debidamente representados en el proyecto de ley de presupuesto, el gobierno logra licuar sus gastos en términos reales, cayendo así los costos de mantener la enorme estructura pública, y con nulo o escaso costo político. El 33% de inflación esperada para 2022 es efectivamente un dibujo, ya que todo monto por encima de tal estimación dentro del presupuesto que pretendían legislar, era una reducción de los gastos que debían de llevarse a cabo en términos reales. Y no sólo eso, todo monto por encima del aumento generalizado de precios, puede ser utilizada para cargar sobre el sector privado con impuesto inflacionario no legislado, lo cual, representa una recaudación para el fisco un equivalente al 5% del PBI.
Entonces, el gobierno no pretende reducir los niveles inflacionarios de cara al 2022, pretende mantenerlos controlados y muy por encima de las estimaciones que presentó en la cámara de diputados a través de su proyecto de ley de presupuesto el ministro Martín Guzmán. La idea del gobierno no es bajar la inflación, sino servirse de ella para hacer el trabajo sucio de licuar el gasto público en términos reales, y, además, cargar sobre el sector privado a través de una carga impositiva no legislada como lo es el impuesto inflacionario, permitiéndole al gobierno depender de un menor financiamiento en dólares para cubrir el déficit, y un mayor ingreso en las arcas del Tesoro de la Nación por gravar a aquellos que estaban exentos del pago de impuestos antes del alza de precios.
