"Algunos años atrás, el crédito era una escalera para proyectar el futuro, para pensar en una vivienda, en un emprendimiento. Hoy está pasando a ser un salvavidas para solventar los gastos de todos los días". "Algunos años atrás, el crédito era una escalera para proyectar el futuro, para pensar en una vivienda, en un emprendimiento. Hoy está pasando a ser un salvavidas para solventar los gastos de todos los días".
Preocupa el sobreendeudamiento familiar.
Ante este panorama, desde el Bloque Socialista se promueve un marco regulatorio integral que contemple fases de prevención, asesoramiento y métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación y la conciliación.
Una de las iniciativas clave consiste en habilitar una vía extrajudicial de saneamiento financiero, concebida como un procedimiento gratuito y dinámico que nuclee a los acreedores en un único ámbito de negociación con respaldo jurídico profesional, evitando de este modo la atomización de los reclamos por cada acreencia individual.
Evolución de la morosidad y variables macroeconómicas
Por su parte, el analista económico, Emiliano Libman, miembro del centro Fundar, expuso la trayectoria reciente del mercado de crédito y la morosidad a escala federal. Sus datos indicaron que los créditos personales experimentaron un incremento real del 134% durante 2024, en tanto que los índices de incumplimiento treparon desde el 2,8% registrado en mayo de aquel año hasta aproximarse al 12,8% en mayo de 2026.
En el plano estrictamente provincial, Libman calculó que alrededor de 400.000 personas se encuentran en condición de mora, lo cual equivale aproximadamente a uno de cada cuatro deudores.
El especialista asoció este fenómeno al deterioro del poder adquisitivo, la mayor oferta de líneas crediticias y el encarecimiento del dinero a través de las tasas de interés.
Si bien ponderó la importancia de robustecer las oficinas locales de defensa al consumidor, advirtió que las intervenciones sectoriales o fragmentadas resultan insuficientes para revertir la tendencia, enfatizando que ninguna solución será definitiva si la economía general no logra recomponer los ingresos de las familias.
Argentinos ahogados por las deudas.
Reclamos legales y responsabilidad empresaria
En el plano jurídico, la abogada, María Paula Arias, titular de la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor, subrayó la necesidad de modernizar el marco normativo vigente ante la magnitud del sobreendeudamiento.
Arias recordó que la flamante Constitución provincial consagra en su artículo 32 el derecho de acceso al consumo, prescribiendo una tutela reforzada frente a estas vicisitudes.
Bajo esa premisa, remarcó la existencia de un mandato constitucional para sancionar una ley reglamentaria, señalando con preocupación que Santa Fe permanece como el único distrito del país carente de una normativa específica de implementación en materia de derechos del consumidor.
Desde su perspectiva, los instrumentos actuales resultan exiguos, por lo que instó a profundizar los mecanismos preventivos, de consultoría y de renegociación de deudas. Asimismo, cuestionó el accionar de los intermediarios financieros que conceden préstamos sin realizar un análisis riguroso de la solvencia y la verdadera capacidad de repago de los solicitantes, remarcando que los oferentes de capital deben hacerse cargo de los riesgos económicos que contribuyeron a propiciar.
Concurrencia multisectorial y perspectivas de resolución
La convocatoria reunió a una amplia gama de actores sociales, incluyendo asociaciones de usuarios, instituciones bancarias, casas de altos estudios, centros de investigación, dependencias estatales, colegios profesionales y organizaciones comunitarias. A lo largo de las deliberaciones se cruzaron datos estadísticos, experiencias territoriales, miradas académicas y enfoques legales sobre la crisis económica doméstica.
Entre las conclusiones compartidas se destacó la necesidad de articular respuestas inmediatas de alivio con transformaciones de carácter estructural, reconociendo que los instrumentos administrativos y legales vigentes se muestran desbordados frente a la gravedad del contexto.
De este modo, el debate ratificó la urgencia de dotar a Santa Fe de mejores herramientas normativas e institucionales que garanticen la defensa de los consumidores y abran cauces viables para la recuperación económica de los hogares afectados por la retracción de los ingresos y el peso de las obligaciones cotidianas.
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