Para los proveedores de bienes, el Gobierno estableció como límites los criterios contemplados en el Anexo I al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR y sus protocolos adicionales para ser considerados de origen nacional. Esto pone un tope, en especial para las empresas netamente importadoras.
La decisión llegó para ampliar la competencia en un escenario de alta tensión para la industria nacional. En ese sentido, la integración del entramado industrial en el RIGI fue uno de los temas de debate en su génesis debido a las distintas libertades de importación que la normativa le garantiza a las empresas extranjeras.
Polémica en la oposición
Al respecto, el director del Instituto Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez consideró el cambio de definición como “un duro golpe a la industria argentina, especialmente a las Pymes”. Según el ex diputado, la decisión produce ampliación que tiende a favorecer los capitales extranjeros y le quita exclusividad a las empresas 100% argentinas.
La nueva decisión de Milei le asesta un duro golpe a la industria argentina, especialmente a las Pymes. El RIGI pasa de exigir una combinación de radicación y control societario local, a utilizar exclusivamente un criterio de constitución y domicilio para definir a las empresas proveedoras locales. A partir de este momento, cumplir con el requisito del 20% de compras locales no garantiza que ese porcentaje beneficie principalmente a empresas controladas por capitales radicados en Argentina, apuntó. La nueva decisión de Milei le asesta un duro golpe a la industria argentina, especialmente a las Pymes. El RIGI pasa de exigir una combinación de radicación y control societario local, a utilizar exclusivamente un criterio de constitución y domicilio para definir a las empresas proveedoras locales. A partir de este momento, cumplir con el requisito del 20% de compras locales no garantiza que ese porcentaje beneficie principalmente a empresas controladas por capitales radicados en Argentina, apuntó.
Otros cambios
Entre los otros cambios introducidos, también se destacó el régimen de transferencias, adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Esto implica una reducción del impacto de cambios societarios en la naturaleza de los proyectos y su relación con el RIGI, impidiendo la ampliación de los beneficios en base a distintas maniobras empresariales.
Al mismo tiempo se modificó el acceso al mercado de cambios y aporte de divisas, permitiendo el cómputo de endeudamientos externos, siempre y cuando esos recursos sean efectivamente destinados al proyecto con trazabilidad contable. Así, se facilita el financiamiento de estructuras complejas.
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