Desde la CGT, sin embargo, consideran que la propuesta es insuficiente, según publicó Clarín. Los gremios reclaman que el piso salarial se equipare con la canasta básica total, que en julio alcanzó los $1.564.000. La diferencia entre ambos valores es de casi $500.000.
Por el momento, empresarios de sectores golpeados por la caída de la actividad advierten que tienen dificultades para afrontar incluso los aumentos ya acordados. Financiar nuevos bonos podría convertirse en un problema adicional para compañías con ingresos debilitados.
Actualmente, el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente es de $376.600. Mañana, 28 de agosto, habrá una reunión para revisar el valor.
Para quiénes sería el beneficio
Los sectores que podrían recibir el beneficio son precisamente aquellos donde los salarios se encuentran más rezagados: textiles, peones rurales, operarios metalúrgicos y de la industria del calzado, ayudantes de la construcción y trabajadores gastronómicos o de maestranza. Sus ingresos brutos oscilan entre $800.000 y $1.000.000, bastante por debajo de la línea de pobreza.
Los números oficiales aportan el argumento para quienes sostienen que el Gobierno finalmente tuvo que reaccionar. Según el Indec, en junio los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 1,9%, mientras que la inflación llegó al 2,1%. En el último año, los ingresos crecieron 29,6%, frente a una inflación cercana al 34%. En el primer semestre, la diferencia fue aún mayor: los salarios subieron 14,5%, contra una inflación acumulada de 19,3%.
Desde el comienzo de la gestión de Milei, los salarios registrados acumulan una contracción real de 3,6%.
Para el Gobierno, la propuesta no es un “Plan Platita”: no contempla transferencias estatales ni aumento del gasto público, según analizó Clarín. Pero la discusión excede la etiqueta. Si la economía necesita recuperar consumo, difícilmente pueda hacerlo sin recomponer ingresos. Y si los salarios más bajos permanecen por debajo de la línea de pobreza, el problema deja de ser exclusivamente sindical y pasa a convertirse en una cuestión política.
El calendario electoral de 2027 agrega otra capa de interpretación. Mejorar el ingreso de los trabajadores puede contribuir a recomponer el consumo y, al mismo tiempo, modificar el clima social antes de la disputa por la reelección de Milei. La duda es si el Gobierno llegó a esta conclusión porque cambió su diagnóstico económico o porque comenzó a percibir el costo político de que el crecimiento no se traduzca en una mejora suficiente del bolsillo.
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