Frente a la inminencia de paros o bloqueos, la firma solicitó formalmente el dictado de una conciliación obligatoria preventiva, delegando en la cartera laboral la decisión de frenar temporalmente las medidas de fuerza.
La crisis salarial es apenas la cara más visible de un derrumbe financiero que parece no tener techo.
Radiografía del concurso preventivo y pasivos estructurales
El conflicto por los sueldos es el reflejo superficial de una crisis estructural mucho mayor. Celulosa Argentina opera actualmente en estado de cesación de pagos y bajo un proceso de concurso preventivo de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo.
Dada la magnitud del default y la cantidad de actores institucionales afectados, la justicia determinó una prórroga en el cronograma legal debido a la complejidad de las acreencias.
El pasivo total de la papelera supera los 140 millones de dólares, consolidando una deuda multidimensional que incluye a entidades financieras y bancarias, proveedores de insumos y servicios, organismos públicos recaudadores y créditos laborales de los propios operarios.
Bajo el nuevo diseño del calendario judicial, los plazos estipulan que la sindicatura deberá presentar un informe de avance sobre el estado general del proceso el próximo 10 de noviembre, mientras que la fecha límite para confeccionar el informe individual sobre la verificación de cada crédito se extendió hasta el 30 de marzo de 2027.
Cambios en el paquete accionario y la intervención de activos
La debacle financiera forzó un cambio drástico en la conducción de la firma el año pasado. El fondo de inversión CIMA Investments, comandado por Esteban Nofal, asumió el control operativo tras adquirir el 45,5% del paquete accionario de Celulosa Argentina por el valor simbólico de un dólar. Dicha operación comercial estuvo atada a la absorción de una deuda financiera que en ese momento ya rebasaba los 128 millones de dólares.
El panorama se tornó aún más restrictivo con la reciente intervención de Forestadora Tapebicuá S.A.U., una empresa controlada de manera directa por Celulosa y que resulta vital para la cadena productiva, ya que funciona como el principal proveedor de la madera y la materia prima básica.
La Justicia Comercial dispuso el desplazamiento total de los administradores de la forestadora con la meta de resguardar el patrimonio social frente al desplome sostenido de las ventas y el corte de la cadena de pagos, limitando el margen de maniobra de la conducción central.
La delicada situación que atraviesa Celulosa Argentina ha tocado fondo en el plano operativo y humano.
El futuro de Celulosa Argentina se define entre los tribunales y el Ministerio de Trabajo
La disputa en Celulosa Argentina trasciende la frontera de una puja paritaria convencional para transformarse en una crisis de supervivencia corporativa. La propuesta de abonar los salarios en cuotas atadas a un financiamiento incierto demuestra que la compañía ha perdido la capacidad mínima de cobertura de sus costos operativos corrientes.
Con un pasivo que supera los 140 millones de dólares, plazos judiciales extendidos hasta 2027 y sus activos estratégicos de abastecimiento intervenidos por la Justicia Comercial, el futuro de la planta de Capitán Bermúdez queda sujeto a un doble frente: la contención de la paz social en el ámbito del Ministerio de Trabajo y la viabilidad de un plan de reestructuración profunda que convenza a un saturado abanico de acreedores.
Mientras tanto, la parálisis de las negociaciones sostiene a los trabajadores en un escenario de extrema incertidumbre respecto a la continuidad de sus ingresos y de sus puestos de trabajo.
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