Qué ofrece el Súper RIGI
Al igual que el RIGI dirigido para las energéticas, el Súper RIGI basa su atractivo en una serie de exenciones fiscales que abaratan considerablemente el desembarco de grandes inversiones en el país. Además, garantiza cierta estabilidad jurídica exclusiva y propicia la protección de los proyectos adheridos ante cualquier tipo de cambio político que pueda producirse en el mediano plazo.
Entre los aspectos más destacados, la norma apunta a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares. Sobre ellos, se garantizarían exenciones en el Impuesto a las Ganancias (15%), exención total de aranceles para importación y exportación de bienes de capital, contribuciones patronales del 10%, libre disponibilidad de divisas, estabilidad normativa durante 30 años, jurisdicción de arbitraje internacional y límites en Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos locales según provincias adheridas.
El objetivo central del Súper RIGI es atraer proyectos tales como data centers de IA, exploración de hidrógeno verde, plantas de licuefacción de GNL, fabricación de semiconductores, biotecnología y farmacéutica avanzada, electromovilidad e industrialización del cobre.
Dentro de ello, la intención es poner a Argentina a la par de países como México y Brasil, que han concentrado gran parte de las inversiones en esas materias en la región.
Advierten bajo vuelto
Desde sectores externos al Gobierno se han lanzado advertencias sobre el bajo nivel de exigencias que el Súper RIGI prevé para los inversores en materia de retorno de recursos para el país. En ese sentido, la consultora Ademus liderada por Matías Kulfas anticipó que la normativa no posee las anclas necesarias para garantizar los beneficios locales que deberían surgir de estos desembarcos.
Entre los principales señalamientos está la extensión de las garantías legales por 30 años, lo que dejaría a Argentina con el periodo más largo de la región. También se señaló la falta de contraprestaciones específicas como lo serían la integración de proveedores locales y garantías de inversión en circuitos educativos locales, además de la utilización de energías renovables.
Otro punto flaco muy destacado por Ademus fue el arbitraje legal internacional. Esto dejaría a cualquier conflicto de inversión por fuera del alcance de la Justicia argentina, exponiendo al país a sanciones internacionales.
Según Ademus, la brecha entre los proyectos anunciados y efectivamente ejecutados en la región es superior al 60%. Esto implica que gran parte de las inversiones “nunca llegan”, agrandando la necesidad de asegurar el beneficio de aquellas que sí se ejecutan de manera efectiva.
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