Mientras tanto, las acciones de Banco do Brasil fueron uno de los principales aspectos negativos de la sesión bursátil. El banco reportó una caída del 66,5% en sus ganancias del 3er. trimestre, un resultado inferior a las expectativas del mercado. El desempeño se vio afectado por el aumento de las tasas de morosidad, principalmente en el sector agropecuario.
Plan de ajuste
El plan de ajuste elaborado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incluye medidas para ayudar al equipo económico a alcanzar el objetivo principal del resultado, que es la diferencia entre ingresos y gastos después de deducir el servicio de la deuda pública. El texto base fue aprobado por el Senado este jueves (12/11).
El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, declaró a Folha de S. Paulo que estas medidas representarán un esfuerzo adicional de hasta R$56.000 millones para alcanzar el objetivo en 2027.
Otras medidas por valor de R$ 11.000 millones, tales como el aplazamiento de pagos (Ley Kandir, que exime a las exportaciones del pago del ICMS, impuesto estatal sobre las ventas) y la limitación de las prestaciones de la seguridad social, servirán para cumplir las promesas de campaña del Presidente, incluidos la actualización del programa Bolsa Família y la ampliación del programa Pé-de-Meia. Sin embargo, estas medidas no representan una reducción estructural del gasto.
Si el resultado primario proyectado cae por debajo del límite inferior del objetivo fiscal (equivalente a un déficit de R$ 28.100 millones el próximo año) y se hace necesario congelar recursos para cumplir con la norma, se activará un mecanismo para reducir el crecimiento del gasto sujeto a los límites del marco, del 2,5% al 2% por encima de la inflación.
La medida funcionará como una especie de "fondo de contingencia". Una vez activado, el mecanismo no se puede revertir, ni siquiera con una mayor recaudación de ingresos. En 2027, la diferencia equivale a un esfuerzo de R$ 12.800 millones .
El gobierno podría congelar un mayor volumen de fondos para alcanzar el punto medio de la meta fiscal, que en 2027 equivale a un saldo positivo de R$ 8.500 millones, tras deducir los gastos que no se ajustan a la regla.
Para cumplir con este plan de contingencia de 2do. nivel, el gobierno puede retener gastos obligatorios que actualmente están exentos de congelación presupuestaria.
Sin embargo, el texto no detalla qué gastos podrían cancelarse. Sí protege las obligaciones constitucionales (tales como las prestaciones de la seguridad social, las prestaciones sociales, los salarios de los funcionarios públicos y los niveles mínimos de gasto en salud y educación).
Durante el proceso legislativo, la Legislatura también eximió del límite de gasto los gastos relacionados con el FNDCT (Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico) y los gastos específicamente enumerados en un anexo de la LDO (Ley de Directrices Presupuestarias).
Límite para deducciones fiscales
Si se realiza un esfuerzo adicional para llegar al objetivo, el gobierno puede limitar las deducciones fiscales (créditos obtenidos por los contribuyentes en la compra de insumos y utilizados para reducir otros impuestos) a una cantidad equivalente al esfuerzo total aplicado a los gastos.
En la práctica, el ajuste para alcanzar el objetivo central se repartirá entre gastos e ingresos. Por parte de los contribuyentes, tendrán que destinar más recursos al pago de impuestos en lugar de utilizar créditos fiscales.
La propuesta autoriza al gobierno a excluir hasta R$ 10.500 millones en gastos relacionados con subsidios al diésel del objetivo fiscal de este año. Estos créditos extraordinarios ya estaban fuera del límite del marco, pero dentro del objetivo.
Revisión de los beneficios fiscales
El proyecto de ley aumenta del 10% al 20% el recorte general de las exenciones fiscales aprobado para finales de 2025. Durante el proceso legislativo, los miembros del Congreso incluyeron algunas excepciones: exenciones del impuesto sobre la nómina, incentivos para la política industrial de los sectores de tecnología de la información y semiconductores, y exenciones para la compra de vehículos por parte de personas con discapacidad o trastorno del espectro autista.
Se prevé la creación de un límite financiero para el REIDI (Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de Infraestructura). El monto será equivalente al previsto en el estado de gastos tributarios del Presupuesto 2026, ajustado anualmente por inflación. Un comité establecido por ley del Poder Ejecutivo definirá los proyectos que se beneficiarán.
Para 2030, los ingresos extraordinarios vinculados al petróleo quedarán excluidos de los ingresos netos corrientes (RCL), un indicador utilizado como referencia, por ejemplo, para el gasto mínimo en sanidad. El objetivo es evitar incrementar el gasto continuo basándose en ingresos que podrían ser solo temporales.
El mecanismo que limita la expansión de los gastos derivados de ingresos específicos, como algunos fondos públicos, a variaciones dentro del marco vigente, seguirá en vigor hasta 2030. La reducción de dicho límite también se aplicará a partir de 2028.
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