"Los bancos chinos realizaron una serie de desembolsos para cubrir la primera etapa de la obra. En 2017, el proyecto ejecutivo cambió por cuestiones técnicas, pero nunca se concretó la adenda financiera que contemple esas modificaciones. Ahora, la plata que habían girado los bancos se acabó y China no está dispuesta a seguir girando fondos. Es más, argumenta que el gobierno argentino debe empezar a devolverle lo que ya se prestó", explicó una fuente que está al tanto de las negociaciones al sitio especializado 'EconoJournal'.
El problema central para la Argentina es que el contrato de financiamiento original se firmó de país a país y no contempla el avance de obra de la construcción. Es decir, la devolución del préstamos chino no está sujeto a que la construcción de las represas avance o se termine.
En agosto de 2013 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le adjudicó la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz a un consorcio conformado por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo.
En julio de 2014, durante la visita del presidente chino Xi Jinping al país, se firmó el contrato de financiamiento con un grupo de bancos chinos. China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC) se comprometieron entonces a aportar 4714 millones de dólares para financiar la obra a una tasa de interés Libor + 3,8%.
El crédito fue por 15 años y contempló 5 años y medio de gracia para el capital, justo el plazo que se preveía para la construcción de las represas. Se suponía que el Estado recién iba a comenzar a pagar el préstamo una vez que las centrales estuvieran operando. De ese modo, los fondos para hacerlo provendrían del contrato de venta de energía.
Pero las sucesivas demoras que sufrió el proyecto por cuestiones judiciales y políticas, como la renegociación que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, y problemas técnicos, como la aparición de rajaduras en el terreno durante la construcción de la obra civil, llevaron a que los 66 meses del plazo de gracia se hayan cumplido y los bancos estén reclamando el comienzo de los pagos cuando las represas aún no están terminadas.
Esta situación forzó a abrir una negociación. La semana pasada, por ejemplo Guzmán y Béliz mantuvieron un encuentro con autoridades chinas del que también participaron funcionarios de la secretaría de Energía e IEASA (ex Enarsa), la empresa estatal que está formalmente a cargo de la obra.
Allegados al área energética del Poder Ejecutivo reconocieron, según el mencionado sitio, que el proyecto está frenado por falta de fondos para continuar con la construcción (al margen de que en esta época invernal, la certificación de trabajos es casi nula) e indicaron que China giró unos 1500 millones de los 4714 millones previstos originalmente. A raíz de ello, el gobierno busca una extensión del plazo para no verse forzados a desembolsar dinero por una obra que todavía no está concluida.
El problema es que, si no hay acuerdo, la Argentina podría caer técnicamente en default con el gigante asiático porque el contrato con los bancos chinos cuenta con cláusulas de cross default con otras líneas crediticias que están activas con entidades chinas.
"Estamos viendo si existe la chance, y es viable legalmente, redireccionar fondos (del Tesoro nacional) de otras partidas a la construcción de las represas. Pero aún no hay nada definido", indicó un funcionario del área energética del Ejecutivo.