No firmaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), enfrentada con Nación por los cambios en materia de coparticipación, San Luis y La Pampa, aunque estas últimas dos brindaron su apoyo.
Si la iniciativa, que obtuvo dictamen la semana pasada, obtiene la media sanción del Senado para luego ser tratada en Diputados, las gobernaciones deberán posteriormente elevar a las legislaturas provinciales proyectos que repliquen el consenso fiscal.
La clave de este nuevo Consenso Fiscal es la posibilidad de subir el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que, estiman, permitirá a los fiscos provinciales captar más de $70.000 millones adicionales.
Si el acuerdo se convierte en ley permitirá nuevamente a las provincias gravar con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, además de posibilitar la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año, con lo que muchas podrán ser elevadas al nivel que tenían previamente.
También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Sellos, a la vez que las provincias podrán reestablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario a trabajadores.
Por otro lado, el pacto persigue la "armonización y simplificación" del sistema tributario, que incluye una intensificación de intercambio de información sobre la titularidad de bienes inmuebles, el ingreso de las provincias al Padrón Federal de Ingresos Brutos y el diseño de un programa de coordinación de normas impositivas, regímenes de retención, percepción y recaudación y regímenes especiales para pequeños contribuyentes.
Otro de los aspectos es el de la deuda en moneda extranjera. Durante 2021, las provincias no podrán aumentar el stock de acreencias de este tipo respecto al monto que tenían al 31 de diciembre de 2020 y Nación tendrá la potestad de denegar la autorización de crédito.
La otra clave es que las provincias firmantes se comprometen a no iniciar juicios y suspender los procesos en curso respecto a la distribución de la coparticipación federal, a transferencias de competencias y afectaciones de recursos, salvo los que tengan sentencia firme.
