Juan Carlos de Pablo, economista, señaló una falla crucial dentro del régimen “puerta a puerta” y como ahora pasamos de “unos pocos” a “no tan pocos”.
El economista Juan Carlos De Pablo escribió en La Nación un artículo destacando el efecto regresivo que tiene el sistema que permite adquirir mercaderías en el exterior sin tener que viajar, el denominado "puerta a puerta".
Al respeto, el economista plantea como el reciente auge del sistema puerta a puerta reavivó un debate esencial en la economía argentina: ¿quién soporta el peso de las decisiones fiscales y cómo se distribuyen sus beneficios? Aunque desde la perspectiva individual resulta atractivo acceder a productos más baratos del exterior, esta dinámica tiene implicancias económicas y fiscales que no deben pasarse por alto.
En este escenario simplificado, De Pablo nos pide que imaginemos tres actores: Juan, quien viaja al exterior y aprovecha para comprar productos evitando la carga impositiva local; Pedro, quien no viaja pero ahora puede acceder al sistema puerta a puerta; y Andrés, quien no puede hacer ninguna de las dos cosas. Hasta hace poco, Juan era el único capaz de eludir parte del peso fiscal. Ahora, con la flexibilización del sistema, Pedro también puede hacerlo, ampliando el acceso a estos beneficios.
La pregunta es: ¿cuántos realmente pueden aprovechar esta nueva oportunidad? En un país donde hay más celulares que habitantes, parece tentador pensar que la mayoría podría participar de este esquema. Sin embargo, como bien señala el análisis, no todos tienen el conocimiento, los recursos o el acceso para operar en este sistema
. La desigualdad en la capacidad de consumo, combinada con una estructura fiscal que recae sobre el gasto público, agrava el problema.
El sistema puerta a puerta plantea un conflicto evidente: los consumidores se benefician a corto plazo accediendo a bienes más baratos, pero esta dinámica perjudica a los productores locales, quienes enfrentan mayores costos impositivos y, en algunos casos, prácticas de dumping en los mercados internacionales.
Sin embargo, como individuos, somos consumidores y productores al mismo tiempo. Este conflicto de roles refleja una tensión estructural en la economía argentina, donde los beneficios inmediatos para el consumo pueden comprometer el desarrollo productivo y la generación de empleo a largo plazo.
En un país sin emisión monetaria ni aumento de la deuda pública neta, el gasto público se financia exclusivamente con impuestos. Bajo esta lógica, la flexibilización del sistema puerta a puerta tiene una implicancia regresiva: el peso fiscal recae principalmente sobre Andrés, quien no tiene forma de eludir los tributos y es el más expuesto a la informalidad en sus ingresos.
Este esquema crea un desbalance fiscal profundo. Mientras algunos sectores logran acceder a beneficios inmediatos, otros quedan relegados, enfrentando un sistema impositivo que desalienta el consumo local y concentra los costos en los segmentos más vulnerables de la sociedad.
La conclusión es clara: si bien el equilibrio fiscal es un objetivo deseable, este debe estar acompañado de una reducción efectiva del gasto público a nivel nacional, provincial y municipal. Sin un ajuste en el tamaño del Estado, el sistema perpetuará una lógica donde solo unos pocos se benefician, mientras que la mayor parte de la población queda atrapada en un esquema impositivo regresivo y desigual.
El desafío está en equilibrar los incentivos al consumo con políticas fiscales y productivas que no comprometan el desarrollo económico ni la equidad social. En este contexto, la expansión del sistema puerta a puerta podría ser el primer paso hacia un debate más amplio sobre la distribución del peso fiscal en la Argentina.
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