En su apelación, el Estado nacional y el Banco Nación cuestionaron la decisión de Ramos Padilla de conceder una segunda prórroga el 10 de marzo de 2026. La defensa sostuvo que la resolución carecía de fundamentos suficientes, advirtió sobre la demora en la tramitación del expediente y aseguró que no estaban acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, condiciones necesarias para mantener una medida cautelar.
Además, el Gobierno argumentó que la continuidad de la suspensión afecta el interés público al impedir el avance de una política que, según su postura, apunta a modernizar el funcionamiento de la principal entidad bancaria pública del país.
Sin embargo, los jueces Carlos Vallefín, Emilio Faggi y Roberto Lemos Arias rechazaron esos planteos. En su decisión, descartaron la interpretación oficial de la Ley 26.854, según la cual solo sería posible una única prórroga de una medida cautelar. Para respaldar su criterio, citaron jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que establece que la legislación no prohíbe expresamente extender una cautelar en más de una oportunidad cuando subsisten las razones que motivaron su dictado.
El impacto en la reforma financiera
Desde una perspectiva económica, la resolución prolonga la incertidumbre sobre uno de los proyectos de reforma más relevantes impulsados por el Gobierno para el sistema financiero estatal. Mientras permanezca vigente la cautelar, el Banco Nación conservará su actual estructura jurídica y quedará en suspenso cualquier avance hacia su transformación en sociedad anónima, una iniciativa que el Ejecutivo considera clave para modernizar la gestión de la entidad, pero que seguirá condicionada al desenlace definitivo del proceso judicial.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la medida cautelar vigente y extendió por otros seis meses la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25, que habilita el cambio de estructura jurídica del banco estatal. La resolución ratifica el fallo dictado el 10 de marzo de 2026 por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien había prorrogado la cautelar originalmente concedida el 13 de marzo de 2025.
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