Ese negocio pertenece al presente y no forma parte de la investigación que ahora vuelve a sacudir su nombre en España. La causa de la Audiencia Nacional mira hacia atrás: investiga si Betancourt y otros empresarios introdujeron en Europa dinero procedente de un presunto fraude multimillonario ligado a Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal. El expediente parte de un supuesto préstamo firmado en 2012 entre PDVSA y la empresa Administrador Atlantic, dentro de una operación que Anticorrupción considera vinculada al desvío de miles de millones de dólares y al posterior blanqueo de parte de esos fondos.
La investigación española ya estuvo a punto de desaparecer. El juez Santiago Pedraz la archivó en marzo al considerar, entre otros argumentos, que los hechos habían sido previamente examinados en Venezuela y que no estaba suficientemente acreditado el delito que habría generado el dinero. Pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió y, en junio, la Sala de lo Penal ordenó reabrirla al entender que todavía quedaban pruebas esenciales por practicar.
Ahí aparece la noticia de las últimas horas. Para sostener el presunto lavado, España necesita interrogar a cinco personas vinculadas a tramas de corrupción de PDVSA que ya fueron condenadas en Estados Unidos. La Audiencia Nacional envió una comisión rogatoria para tomarles declaración por videoconferencia, pero Washington lleva más de nueve meses sin responder. Pedraz ya advirtió que no esperará indefinidamente: si no obtiene esas pruebas antes de diciembre, podría volver a archivar la causa. Y esa demora adquiere ahora una dimensión política inevitable porque el hombre cuya investigación depende de la cooperación estadounidense es, al mismo tiempo, uno de los nuevos socios petroleros elegidos por la Administración Trump.
Cinco testimonios y nueve meses de silencio: la llave de la causa está en Washington
El punto crítico para Santiago Pedraz es demostrar de dónde salió originalmente el dinero. Para sostener una acusación por blanqueo, la Justicia española necesita acreditar primero el delito que habría generado esos fondos, y una parte esencial de esa prueba depende hoy de personas que están en Estados Unidos.
La Audiencia Nacional pidió interrogar por videoconferencia a Abraham Ortega Morales, Carmelo Urdaneta, Álvaro Ledo Nass, Luis Fernando Vuteff y Luis Carlos de León, cinco figuras vinculadas a la trama matriz de corrupción de PDVSA investigada en territorio estadounidense. Entre ellos hay antiguos responsables financieros y jurídicos de la petrolera estatal venezolana y empresarios relacionados con aquellas operaciones. Sus declaraciones podrían establecer el llamado delito precedente, la pieza que permitiría conectar aquel entramado con el capital que después habría terminado en España.
La solicitud fue enviada hace más de nueve meses y continúa sin respuesta, pese a los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países y a la intervención de un magistrado español de enlace en Washington. Pedraz ya marcó diciembre como límite: si esas declaraciones no pueden practicarse, volverá a valorar el archivo de un procedimiento que ya cerró una vez y que la Sala de lo Penal obligó posteriormente a reabrir por considerar que todavía quedaban diligencias fundamentales pendientes.
Donald Trump convirtió a Alejandro Betancourt en una pieza relevante de su estrategia petrolera sobre Venezuela, mientras Washington mantiene sin respuesta una cooperación judicial clave para España.
FOTO: AFP
El antecedente suizo vuelve esa demora especialmente sensible. Meses atrás, altos cargos de la Administración Trump realizaron gestiones ante las autoridades helvéticas mientras Betancourt combatía desde Reino Unido una solicitud de extradición por otra investigación de blanqueo. Suiza terminó retirando aquel pedido en mayo, aunque mantuvo abierta la pesquisa, y el empresario recuperó su libertad de movimiento justo cuando comenzaba a ganar peso como interlocutor petrolero entre Caracas y Washington.
No existe, hasta ahora, prueba de que Donald Trump haya ordenado frenar la colaboración con España. Tampoco puede atribuirse automáticamente la demora a la mala relación entre ambos gobiernos, pese a que Sánchez y Trump arrastran fuertes diferencias por el gasto en defensa y los compromisos dentro de la OTAN. Pero el cuadro político es difícil de ignorar: el empresario que acaba de convertirse en socio estratégico de Washington necesita que Estados Unidos colabore para que una causa abierta contra él en España pueda seguir adelante.
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