La combinación de todas las técnicas modernas, que en muchos casos son de primerísimo orden, permite que hoy se puedan sacar 5.000 kilos de soja por hectárea en buenas zonas, cuando el promedio no supera las 3.000.
Y aún siendo uno de los pocos países donde se aplican retenciones, nada menos que del 30%, más las desventajas de logística y puertos que se arrastran, la soja y el trigo argentinos se las arreglan para nutrir la balanza comercial, palo y palo en los mercados internacionales con los principales proveedores, como USA, Rusia, China, Australia.
No sólo aportan dólares sino que el 41% de los $328.000 millones que percibirá este año por derechos de exportación la Tesorería proviene del complejo sojero, más otro 42% a cargo del resto de la agroindustria. O sea, un 82,8% del total sin contar la pesca. Equivale a un 88% de incremento de la recaudación por las ventas externas: 6,6% de los recursos tributarios totales del sector público nacional, que se iría al 10,5% si se netea respecto de los fondos provinciales y se coparticipan automáticamente, según escribió el mediterráneo Jorge Ingaramo en La Nación.
En moneda dura, se trata de un flujo de US$ 6.750 millones, cerca del 1,5% del PIB, parece refrescarles a los que proponen eliminar las retenciones en el actual contexto fiscal.
Es indiscutible que la chimenea verde genera U$S 2400 millones por mes en excedente, en tanto la industria tradicional arroja un déficit mensual de US$1000 millones, pero no es menos cierto que la aguja del consumo la mueve el consumo en los principales centros urbanos, que depende del empleo y el salario fabriles, en su inmensa mayoría originados en las Pymes.
En unas 162 mil explotaciones agropecuarias censadas habitan en total 732.986 personas, de las cuales 117 mil eran productores y 272 mil eran familiares que trabajaban en el predio, mientras que había otras 107 mil personas que eran familiares que no trabajaban.
En los pueblos aledaños multiplican por 6, o a lo sumo 10, los frutos de las explotaciones rurales que perciben los 420.704 ocupados permanentes contabilizados en el censo, de los cuales 195.561 son productores o socios y 225.143 son trabajadores permanentes.
Habitan 257.528 viviendas sobre un total de 332.721. Se encuentran deshabitadas 75.193 y unas 75 mil son consideradas taperas.
Tranqueras cerradas
Desde 1988, en que se contaban 421 mil explotaciones agropecuarias, se descendió a 333.000 en 2002 y en 2018, quedaron 250.800, sobre una superficie de 157 millones de hectáreas, lo que implica que el promedio individual sería de 627 hectáreas, aunque en la mayoría es más bajo: entre 200 y 500 hectáreas.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que sólo la quinta parte ha sido implantada (33.182.639 hectáreas) en un 38,5% con oleaginosas y 30,4% con cereales, mientras las 124.241.291 hectáreas restantes se destinaron a otros usos.
Poco menos de la mitad de las explotaciones registradas (222.201) corresponden a establecimientos con límites definidos, 22.506 no los tienen y 6.174 son mixtas.
Tampoco es parejo el jugo que se les saca, conforme surgió de la encuesta oficial: sólo en 24 mil explotaciones se hace evaluación de los suelos, 29 mil analizan semillas, es decir, que en ambos casos, la proporción ronda el 10% del total.
En tanto, unos 45 mil productores declararon realizar como práctica habitual en su predio la rotación de cultivos y solamente 21 mil, otra vez menos del 10% del total, practica una rotación agrícola ganadera.
La sistematización de los terrenos para evitar la erosión o el control biológico de plagas los aplican únicamente en 11 mil explotaciones; 7 mil campos ya utilizan enmiendas, 35 mil unidades productivas efectúan manejo de envases vacíos de agroquímicos, mientras 20 mil envían ese y otro material a reciclado.
Menos de 10 mil productores afirmó utilizar herramientas de la llamada agricultura de precisión.
En cuanto a los establecimientos ganaderos relevados, ascienden a 130.803, de los cuales 40.411.905 se dedican a bovinos; 8.625.383 a ovinos; 2.573.681 a caprinos; 3.601.236 a porcinos; y 908.288 a equinos.
La baja exteriorización de las inversiones en el agro en comparación a la competitividad lograda deja como conclusión que pudo haber sido mucho mayor el sacrificio de mano de obra y mayor la concentración productiva en aras de la modernización de las explotaciones agropecuarias.
Para hacer números con los dólares a ingresar, la campaña en curso se extiende en un área de 17,6 millones de ha, un incremento del 1,1% contra el año pasado y un avance de la siembra nacional del 8,7%.
No obstante, los últimos cálculos satelitales pronostican una merma del 5,4% en la producción de soja, que redundará en un -8,6% de exportaciones menos que en la temporada anterior, signada por la sequía, si bien se prevé que las ventas externas de harina crezcan 5,2% i.a y las de aceite lo hagan 13,1%.
El dato de la semana en el mercado global de granos es un golpe climático al trigo del Hemisferio Sur.
Una importante restricción hídrica se extiende sobre las principales regiones cerealeras australianas y el servicio meteorológico de esa nación (Australian Bureau of Meteorology) no es optimista en relación a las próximas semanas, por lo que se anuncia que la cosecha australiana de trigo registrará un daño significativo.
La Tesorería asimismo cuenta como el agua con las retenciones al agro para alcanzar a cubrir el gasto público (del cual el social se lleva más del 60%), en un contexto de languidez crediticia.
Aparte deberá quedar algo para destinar a los cabos sueltos de la renegociación del grueso de los vencimientos, concentrado previo a junio (hasta mayo, son el 65% del total).
Nada más que los compromisos del Tesoro Nacional hasta diciembre del año que viene ascienden a US$ 19.800 millones, excluyendo vencimientos de entidades públicas y de organismos internacionales, excepto el FMI, que se asume serán renovados.
La deuda con acreedores privados supera los US$ 16.000 millones, considerando capital e intereses de bonos Ley Nueva York y Ley Argentina y los pagos de Letes reperfiladas; al Club de París se le deben pagar US$ 2.100 millones y al FMI intereses por US$ 1.600 millones.
Y entre capital e intereses los bonistas posicionados en pesos deberían cobrar hasta diciembre de 2020 un número cercano al 72% de la base monetaria de hoy: $ 1 billón, del cual más de la mitad de ese monto corresponde a LECAPs ($ 509.000 millones).
