España cambia de rumbo en la política sobre inmigración: Ahora, todo es retornable

BILBAO (Especial para Urgente24). El presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) cambió radicalmente de política en materia inmigratoria. Antes de las elecciones de marzo la propuesta de Mariano Rajoy (PP), jefe de la oposición, sobre el contrato a los inmigrantes en el que incluia como condición que quienes no consiguieran trabajo regresarán a sus paises de origen, era criticado por un sinfín de colectivos, con el PSOE a la cabeza. Ahora ponerle un límite a la apertura de las fronteras no es una medida en discusión. Las cosas cambiaron. Hace menos de un año, el Gobierno impulsaba la contratación de miles de trabajadores extranjeros en sus países de origen. Ahora ofrece una alternativa para que los que están en España se marchen. Los inmigrantes que acepten cobrar todo el seguro de desempleo en 2 cuotas, en vez de mensualmente, renunciarán a su permiso de residencia, y se comprometerán a no regresar durante al menos 3 años. Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela están exentos de la medida.  A partir de julio, el Gobierno ofrecerá a los inmigrantes regularizados que formen parte de las listas de desempleados, una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus casas. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, calcula que ésta afectará a más de un millón de extranjeros. Es decir, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España. La oferta del Gobierno consiste en ofrecer a los inmigrantes que acepten volver a sus países cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo 2 veces: uno del 40% y otro del 60% del total. Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Esta propuesta tiene un costo para el inmigrante, ya que para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los 3 años siguientes, como mínimo. A partir de ese plazo pueden solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el derecho a complacer o no su petición. En caso de que la solicitud sea presentada a partir de 5 años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan. Si, al cabo del plazo establecido, el extranjero decide finalmente volver a España, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Las expectativas de mejora del Ejecutivo están focalizadas a 5 años, mientras la crisis sigue su curso, los inmigrantes pasarán de un activo necesario para el crecimiento del país, a un pasivo a descartar. Familia incluida. De acuerdo a los cálculos del ministro de Trabajo e Inmigración los 165.000 parados extranjeros no comunitarios que había en España el pasado mes de abril, seguirán aumentando. Son precisamente el crecimiento del paro y la suposición de quienes decidan acogerse a la oferta del Ejecutivo se llevarán consigo a sus familiares, que también tienen permiso de residencia, de ahí al cálculo del millón de inmigrantes. Esta medida no afecta a más inmigrantes porque limita su alcance a los ciudadanos de los 19 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España, con el fin de que los retornados no pierdan sus derechos (sanitarios, de jubilación...) adquiridos durante su estancia en el país. Los inmigrantes procedentes del África que componen los colectivos más numerosos, son los principales perjudicados.   Crédito para tod@s. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que dirige Consuelo Rumí, mantiene conversaciones con entidades financieras para que los repatriados reciban facilidades a la hora de acceder a un microcrédito para crear sus propios negocios, que no excederán los € 15.000. Todavía queda por plantear la financiación, plazos e intereses. La propuesta será presentada el próximo viernes ante el consejo de ministros, y antes que finalice julio, los grupos parlamentarios tendrán acceso al borrador del decreto de retorno, que constará, probablemente, de un artículo único y dos disposiciones adicionales. Seguidamente, el Gobierno aprobará la norma.