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Signos de debilidad en el Gobierno K

San Luis logró a la adhesión del Senado para priorizar el reclamo que obligaría a Kirchner a desembolsar $1.000 millones. Por otro lado, la vacante que dejó Eduardo Moliné O´Connor en la Corte luego de que Cristina Fernández de Kirchner ejerciera presión para destituirlo, aún no fue ocupada por la polémica Carmen Argibay. ¿A qué se debe la demora?. En este contexto, aumentan las especulaciones sobre un posible debilitamiento del poder de K, que pretende ser omnipresente.

Ayer el Senado de la Nación aprobó un proyecto presentado por la senadora de San Luis Liliana Negre de Alonso donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que haga efectivo el pago de la deuda de más de $1.000 millones que mantiene con la provincia. La legisladora nacional le habría ganado una pulseada a la Nación, ya que el Senado le pedirá a Kirchner que afronte la enorme deuda con la Provincia "porque esta situación perjudica directamente a toda la población puntana", informa El Diario de la República -el único periódico que se edita en la provincia que por cierto es propiedad de la dinastía Rodríguez Saá-. La semana pasada, los mismos reclamos fueron elevados directamente por el gobernador Alberto Rodríguez Saá durante una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien se comprometió a estudiar un plan de cuotas para cancelar la deuda. Mientras tanto, se demora el nombramiento de la doctora Carmen Argibay y la nómina de entidades que se oponen a su candidatura se sigue extendiendo. Ya se sumaron las objeciones de corporaciones de abogados, consorcios de médicos, asociaciones cristianas y ONG´s. En tanto, cabe recordar que el diputado de la Nación Esteban Eduardo Jerez, presentó una denuncia penal por apología del delito contra la doctora Carmen Argibay por el "abierto apoyo" de Argibay a la legalización del aborto, lo cual "es una peligrosa provocación a fomentar actos contrarios al orden social". Su recurso, de prosperar, podría provocar que la abogada quede procesada e inhabilitada para integrar el alto tribunal. Cabe recordar cómo el Gobierno siguió con mucha atención el juicio en el Senado que terminó con la destitución de Eduardo Moliné O'Connor como juez de la Corte Suprema. La esposa del presidente, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, habló por teléfono con muchos —algunos dicen con casi todos— los senadores peronistas. Y como si hubieran hecho falta reaseguros, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue personalmente a ver al presidente del bloque del PJ Miguel Pichetto y se reunió con otros senadores. Finalmente consiguieron los votos contados para destituir al juez Eduardo Moliné O´Connor, pero las especulaciones sobre si Argibay -designada por K- asumirá el cargo, crecen debido a que se ha demorado mucho el proceso para que asuma efectivamente el cargo. Por otro lado, la constitucionalista porteña Elena Highton de Nolasco, jueza de la Cámara Nacional en lo Civil y profesora titular de Derechos Reales en la Universidad de Buenos Aires, también sigue a la espera. En vez de generar confianza en ámbitos en los que no debería tener ingerencia, como la Corte de Justicia o el Congreso, el gobierno de Kirchner sigue fiel a su estilo intervensionista. De esta forma, asfixia dos ámbito claves ejerciendo presión para que se cumpla su voluntad. No obstante, el caso de San Luis puede interpretarse como una derrota para el gobierno de Kirchner, que en dicho ámbito está representado por su esposa, la senadora Cristina Fernández de Kirchner y presidente del bloque PJ, Miguel Pichetto, y el vicepresidente, Marcelo Guinle. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo no tendría que inmiscuirse en asuntos que no le competen – por algo existe la división de poderes- debido a que entorpece los procedimientos en el afán de centralizar el poder.

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