La kirchnerista Diana Conti retomó las quejas de Carrió y azuzó: "¿Ustedes no son del mismo bloque? Pensé que se hablaban entre ustedes", a lo que Lilita replicó que en su agrupación no existe "disciplina stalinista".
El reto de Carrió surtió efecto sobre Vega, quien cambió de opinión y concedió: "Tiene razón Carrió y vamos a discutir los proyectos en la comisión como dice el reglamento".
Conti, se quejó: "Ya estaba todo resuelto y llegaron a desarmar todo. Esto ya estaba todo agotado", y añadió: "(Carrió) vino, hizo el show y se fue. Es una falta de respeto, un bochorno".
Hasta el oficialista Héctor Recalde preguntó a Vega, con sorna: "¿Y su postura cuál es, Presidente?", lo cual provocó risas en las filas kirchneristas.
Más allá de la discusión, los legisladores de la comisión acordaron emitir 1 o 2 dictámenes sobre el tema en un plazo de no más de 2 semanas para cumplir con la exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Ejecutivo nacional para crear en la ley una tipificación criminal del lavado de dinero, inexistente hasta el momento.
El proyecto, modifica el Código Penal para castigar con mayores penas los casos de corrupción, tanto a los funcionarios como a las empresas involucrados.
La "ley penal anticorrupción" propone que las empresas, como "personas jurídicas", reciban una sanción penal y económica si participan en casos de corrupción. Los castigos incluyen la suspensión temporal o permanente de la personería jurídica y la aplicación de multas, proporcionales a las ganancias que las empresas implicadas hayan obtenido en un año.
La iniciativa eleva las penas para los funcionarios corruptos, que dependerán del cargo que ocupe el imputado y el daño que provoque su delito. Si el culpable es intendente, legislador nacional, ministro o presidente de la Nación, la pena puede ir de 4 a 15 años de prisión.
De esta forma, el delito de corrupción dejaría de ser excarcelable, como lo es en la actualidad (las penas vigentes van de uno a ocho años). También se amplía el castigo para los jueces corruptos: pasará de 4 a 12 años. Y la pena se agravará aún más si el caso de corrupción afecta un servicio público esencial.
Más allá de la discusión, los legisladores de la comisión acordaron emitir uno o dos dictámenes sobre el tema en un plazo de no más de dos semanas para cumplir con la exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Ejecutivo nacional para crear en la ley una tipificación criminal del lavado de dinero, inexistente hasta el momento.
Resta discutir quién será el encargado de perseguir a los acusados por lavado de dinero. Mientras el oficialismo quiere dejarlo en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida por José Sbatella, la oposición reclama que su titular sea o bien elegido por el Ejecutivo a partir de una terna impulsada por el Congreso, o bien escogido a partir de un concurso público.
