Vergüenza en Misiones: La Policía involucraba en la muerte de adolescentes pero Rovira no escucha/no contesta

El Programa Nacional Antiimpunidad, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se hizo eco del caso de David Gómez, el estudiante de 17 años que desapareció en Iguazú y apareció ahorcado en Puerto Libertad a principios de diciembre. El organismo envió una nota a la magistrada María Teresa Ramos, del juzgado de Instrucción Nº2 de Eldorado, a cargo de la causa de manera interina, sugiriendo "la intervención de recursos nacionales (Gendarmería Nacional ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Policía Federal) ajenos a la problemática de origen y con independencia de criterio". El escrito fue remitido a fines de la semana pasada por la responsable del Programa, Raquel Witi, a la jueza que hasta hace unos días estuvo a cargo del caso, según el diario 'El Territorio', de Posadas. Pero ahora, por la feria judicial de verano, el expediente se encuentra en manos del juez Roberto Saldaña, del Instrucción Nº1 de Eldorado, considerada 'la Capital del Trabajo'. Será éste quien decida, entonces, si da curso o no a la sugerencia de la Nación. En la víspera también se supo que, a un mes de la muerte de David, que en un primer momento fue caratulada como "suicidio", la Justicia citó a declarar al padre del estudiante, Calixto Gómez, quien tendrá que presentarse el viernes. "Impulsamos que se realice una investigación acabada del hecho que terminara con la muerte de David Gómez", sostuvo Witi en la nota en la que, además, solicitó que se les informe de una serie de diligencias probatorias que en algunos casos todavía no se han realizado. La realización del descalce de uñas para encontrar restos de partículas; pericia química sobre la ropa y el cinto del fallecido; y el secuestro de los libros de la comisaría interviniente son algunos puntos que pidieron se les remita a este programa que tiene como uno de sus objetivos "facilitar a la sociedad canalizar su reclamo de justicia y encausar los efectos de la violencia que la inseguridad le haya generado y tutelar  sus derechos esenciales". "Seguimos esperando una respuesta del Gobierno provincial sobre el caso", sostuvo de su lado Calixto Gómez, quien se quejó de la ausencia de las autoridades locales mientras que el caso ya es de interés nacional. La familia del joven también presentó una solicitud al juez de la causa para "la inmediata separación de la Policía provincial" de las actuaciones. Inclusive las citaciones están siendo entregadas por el abogado y el padre de David, para que la fuerza de seguridad no tenga contacto con los testigos. "Con la reconstrucción del hecho quedó evidenciado la poca probabilidad de que él se haya ahorcado voluntariamente y las manchas de barro en ambos lados del árbol demuestran la participación de más de una persona", señaló Gustavo Fernández, abogado de la familia Gómez.
 
Los allegados del estudiante se quejaron de que las fotos del cuerpo expuestas  en el expediente sólo sean de la cabeza y no demostrarían los hematomas que ellos sostienen evidenciaba el cadáver en otros sectores. Grave situación La Policía de la Provincia sumó cuestionamientos con casos graves en los que perdieron la vida jóvenes misioneros, en los que se presumen involucrados sus efectivos, sin que las propias autoridades ni las máximas gubernamentales hayan tomado medidas para esclarecer lo ocurrido, devolviendo tranquilidad a la población, explicó la página web del Canal 6 de Posadas, que dirige Jorge Kurrle. "Fue el doloroso corolario de un año que se había caracterizado por las demandas por mayor seguridad que se plantearon en el interior de la provincia por robos a mano armada en las colonias –con el saldo de muertos y heridos-. Además, sobre fines del 2006, se sumaron los asaltos a empresarios en pleno centro de Posadas", agregó. La seguidilla de casos en los que perdieron la vida adolescentes comenzó con el extraño caso de David Gómez, un joven estudiante de Puerto Iguazú que apareció ahorcado en un pinar de Libertad. La Policía dijo que el joven se suicidó, hipótesis no compartida por la familia que pidió una segunda autopsia pero sólo habría logrado determinarse hasta ahora que murió por asfixia. Las sospechas y las dudas se incrementaron a tal punto que ayer la Nación a través de Derechos Humanos pidió el apartamiento de la policía policial y el traslado del caso a las fuerzas federales. El año habría de terminar con asaltos a empresarios –un par de ellos heridos por los delincuentes- en pleno centro de Posadas, en una nueva modalidad de "salidera". Dos de ellos habían retirado fondos de sedes bancarias, mientras un tercero, que resultó con la lesión más grave, salía de su negocio con dinero para un depósito bancario. Y 2007 comenzó con el caso de Rosa Yamila Gauna, la  adolescente detenida en supuesto estado de ebriedad que sufrió graves quemaduras que provocaron su muerte, tras una larga agonía. Casi un mes después de su indebida detención, el Gobierno salió a decir que se trató de "un accidente" –la joven habría prendido fuego a un colchón con un encendedor que no advirtieron los efectivos policial, muriendo por inhalación del humo provocado-. En tanto, ayer se supo del caso de un menor de Andresito, Ramón Elpidio Aquino, al que la policía dio por "ahogado". La familia rechaza la versión y dice que el joven tenía las manos atadas, demandando una autopsia que, aseguran, "no se hizo". No obstante, el grave panorama planteado la cúpula policial tanto como el Ministerio de Gobierno se llamaron a silencio. Es más, los "premios y castigos" de fin de año no parecieron tener en cuenta los cuestionamientos. Tampoco se habría actuado con el debido rigor ni celeridad para esclarecer los casos, ni decidido la suspensión preventiva de los presuntos responsables. La muerte de Rosa Yamila "La Policía me mintió desde un principio. Lo que le dijeron a la madre me repitieron a mí, que la chica tenía sólo lesiones leves en los brazos. Por teléfono me pidieron que dispusiera la entrega de la menor a la madre. Le hicieron firmar el acta de entrega a esa pobre mujer ya cuando la hija estaba en el hospital Madariaga. Es verdad lo que dijo la señora, que ella jamás retiró a su hija de la Comisaría de la Mujer. Acá se está escondiendo algo, no puedo decir qué porque no lo sé. Pero fue un procedimiento mal parido, desde el mismo momento en que nos mienten a los dos", manifestó el juez de Menores, César Raúl Jiménez al referirse al caso de la adolescente quemada en la seccional de Córdoba y Félix de Azara. Pero el magistrado fue más allá y criticó con dureza el accionar del personal policial. "Fue una aberración haber encerrado a esa chica", consignó.
Jiménez contó que la Policía se comunicó con él alrededor de las 2 del sábado 23 de este mes, más de una hora después de que Rosa Yamila ingresara en la dependencia céntrica, ubicada en el mismo predio de la Policía Comunitaria y la Unidad Regional Nº1. Pasaron más de 60 minutos durante ese lapso y los policías de la Comisaría de la Mujer no notificaron la demora de la menor, sino sólo después de que resultara lesionada. Rosa Yamila ingresó al centro de salud estatal cerca de las 2:30 de ese día, en estado desesperante, media hora después de que los pesquisas se comunicaran con Jiménez. Luego de varios días de agonía, murió. Sabiendo de que la joven estaba malherida, la Policía trató de zafar de la situación pidiendo al magistrado que dispusiera su entrega a la madre y haciéndole firmar a ésta el acta de devolución, cuando la víctima ya se encontraba en la Sala de Emergencias en estado crítico. Cuando arribó al centro de salud, contrariamente a la versión dada por la Policía, de que tenía lesiones leves en los brazos, los médicos determinaron que la chica presentaba quemaduras en gran parte del cuerpo. Pero lo más grave no era ese diagnóstico, sino que tragó mucho humo, lo que afectó la vía respiratoria de tal manera que le provocó neumonía, porque prácticamente tiene el sistema inmunológico destruido, señalaron fuentes de la investigación. Pese a la gravedad de la situación, que comenzó con una menor demorada en forma indebida y por más de una hora en la Comisaría de la Mujer, de donde salió al borde de la muerte, la Policía no brindó ningún tipo de explicación a la sociedad.
Sólo el habitual parte de prensa que suele brindar cuando algún subalterno mete la pata y que siempre señala lo mismo: "Se inició un sumario administrativo para determinar la responsabilidad que le pudiere corresponder". La "responsabilidad que le pudiere corresponder" no es más ni menos que la vida de una adolescente de 15 años que tiene un pie en el otro mundo y que ya soportó dos paros cardiorrespiratorios. La titular de la Comisaría de la Mujer, subcomisario Lidia Luján Procopio, que a esta altura de las circunstancias debería estar preocupada en buscar una buena explicación de lo sucedido, respondió a la requisitoria de este diario con un displicente "llamen a la Jefatura que ahí saben lo que pasó". Fuentes de la propia fuerza de seguridad aseguran que Procopio, la licenciada en Psicopedagogía que al parecer no instruyó a su personal de cómo deben tratar a una menor demorada, sería casi inamovible del cargo por el respaldo que le brindaría el segundo jefe de la Policía de Misiones, comisario general Ramón Héctor Sosa. La denuncia penal de Mirta Gutiérrez, la madre de la menor, ya está en manos del juez de Instrucción Nº3 de Posadas, Eduardo D’Orsaneo. Él debería investigar al personal policial que intervino en el hecho.