Por ejemplo, la forma en que se viaja pasó del 9% de opinión negativa que estaba en julio de 2017 al 29% actual.
El presupuesto de viajar ida y vuelta las 6 líneas del subte en los 20 días hábiles que tiene el mes insume en marzo a $720, que en abril serán $840.
Los paga, por ejemplo, la empleada que trabaja por $87,50 la hora, según Elsalario.com.ar, que siempre que no tenga que combinar con tren o colectivos debería afectar al viático un jornal completo por mes.
El subte va camino de triplicar su valor desde 2015, lo padece 1,3 millón de testigos que lo usa por día, pero no por ello la tarifa incluye que funcionen las escaleras mecánicas, ni solucione el insoportable calor que hace en los halles, pasillos y andenes, que estén habilitados y en condiciones los baños, los ruidos, y las frecuentes interrupciones y demoras, sobre todo en algunas líneas, como la C y E.
La persistencia de los desperfectos hartó hasta al cansino Poder Judicial, y recientemente un juez, Roberto Gallardo, habilitó a viajar gratis cada vez que no funcionan las escaleras mecánicas o los ascensores.
El concesionario se limita a cruzar por todos lados fajas amarillas para cortar el paso, y sí se las componen para no que no se efectivicen multas ni sanciones por las anomalías.
Ni aún cuando otro magistrado, Aurelio Ammirato, haya ratificado el fallo hizo que la medida se cumpliera.
Los gobiernos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, tal como Nación, conciben la relación con la ciudadanía puertas para adentro de los despachos, unilateral, pero se muestran en acciones de marketing de timbreos prestándoles oídos a las inquietudes del futuro electorado.
Sin embargo, es a partir del atropello y la voracidad recaudadora cuando se cargan los sistemas informáticos del fisco y los proveedores de servicios regulados con valores inaccesibles, arbitrarios recargos, punitorios, pero sin ejercer control sobre la calidad de las prestaciones, que continúan más atrasadas que cuando estaban las tarifas congeladas.
Más aún: ahora eximieron a las concesionarias de los peajes viales de liberar el tránsito cuando las casillas acumulan tremendas colas en la cobranza durante los horarios pico.
En la concepción monopólica que caracteriza a la oferta de bienes y servicios de la economía, no es el cliente quien tiene razón, sino que él es quien está obligado a pagar sin derecho al pataleo.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, que conduce Lorenzino, denunció que en los últimos tiempos la entrega de gas a clientes residenciales por parte de Metrogas se encuentra en el nivel más bajo desde 1998.
Datos del ENARGAS corroboran que, en tal sentido, la compañía lleva retirados más de 87 mil medidores por falta de pago o inspecciones ineficientes, tal como se acaba de demostrar en la reciente disposición de sectorizar los cortes de suministro sólo a las áreas en que se encuentren las irregularidades.
Es que la Administración Macri adoptó como una cruzada casi fundamentalista el sinceramiento de las tarifas, sin ir más allá de alguna mención retórica al abordar el control de las prestaciones.
En el caso del transporte, el 71% de las respuestas a una encuesta del Centro de Estudios Metropolitanos, hecha en toda el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), directamente lo considera caro o imposible de afrontar.
Peor aún, paralelamente creció el malestar del público por la forma en que se viaja: del 9% que estaba en julio de 2017, se fue al 29% este mes.
Los reclamos por la suba de las tarifas de la luz, el gas y el agua, junto a la mala calidad y la falta de obras para mejorar las prestaciones, ubicaron a los servicios públicos al tope del ranking de quejas que recibió la Defensoría del Pueblo bonaerense durante 2018.
Encabezan este listado con el 30% de los reclamos, mientras las quejas referidas al sistema de salud llegan al 18%, al igual que consultas relacionadas al trabajo y la seguridad social.
Más atrás aparecen denuncias sobre asuntos viales (9%), consumidores (5%), impuestos (5%), vivienda (4%) e infraestructura (3%).
Entre los reclamos por los servicios públicos, el de la electricidad fue el que más quejas sumó, con un 59,2% del total, seguido por el gas (19,6%) y el agua (14,5%). Más atrás aparecen las denuncias contra el transporte público (1,7%).
Las empresas eléctricas más cuestionadas: Edesur (27,2%), Camuzzi (8,5%) y Absa (8,1%).
La política que viene ejecutando el gobierno de que cada usuario (salvo los socialmente diferenciados) pague lo que cuestan los servicios públicos sin subsidios del Estado y a valor dólar convirtió también al resto de las tarifas, en especial de luz, gas y agua, en un auténtico dolor de cabeza (por no llamarlos de otra forma) y así lo captó la encuesta de marras.
Incertidumbre tarifaria
El director del Centro de Estudios Metropolitanos, Matías Barroetaveña, afirmó que “para la inmensa mayoría, el costo de las tarifas es una preocupación diaria: 7 de cada 10 lo viven como un problema para sus economías domésticas. La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal”.
El 76% de los habitantes del AMBA sostiene que la electricidad ya se volvió cara o imposible de afrontar e inclusive para más de un tercio (37%) e directamente impagable.
Precisamente casi la mitad de los hogares del 2do cordón del conurbano, en la zona oeste y sur, estima que la factura se tornó impagable.
La boleta entregada el mes último en la capital federal y Gran Buenos Aires, como en todo el país, que contiene el consumo del 1er bimestre del año, trajo un aumento en el precio mayorista de la energía, al cual añadió otra suba para las arcas de Edenor y Edesur.
De modo que el incremento total se ubicó alrededor del 44%, que en el caso de la provincia de Buenos Aires puede saltar al 55% por la compensación del “Incremento de Costos Tarifarios” mayoristas y de distribución que generalizó el Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba) a todos los usuarios, Pymes, beneficiarios de Tarifa Social y las entidades de bien público.
Las empresas distribuidoras de gas se despacharon en la última audiencia pública con pedidos homogéneos de aumento entre el 32% y el 35%, lo cual indignó a los representantes de las organizaciones sociales y de consumidores, quienes repararon en que la diferencia entre incrementos llegan al 3.700% para las categorías de hogares que menos consumen desde 2016, frente a una recomposición salarial que ronda el 120% en el mismo período.
En la encuesta del CEM, para las tres cuartas partes de los que respondieron, el gas es caro o impagable, prevaleciendo los de la zona sur y del 2do cordón del conurbano, donde alrededor de la mitad de la gente en general asegura que no puede pagar las tarifas. Con la luz sucede otro tanto en el oeste y el sur, con la luz en igual proporción.
Y eso que la medición se hizo en verano, sin que los fríos y la demanda registraran ni atisbos del clima frío que deberá afrontarse con calefacción.
El defensor del pueblo bonaerense adjunto, Walter Martello, advirtió que “si se aprueba el aumento que propone Camuzzi, los precios categoría servicios generales acumularán una suba de más de 6400% en los últimos 3 años”.
Y reveló que “el último balance de Camuzzi Gas Pampeana muestra que, pese a la devaluación, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”.
El agua es un caso aparte, porque siempre se la incrementó por debajo de los otros servicios, aunque este año fue acelerado el cronograma.
Pese a tener mayormente un costo fijo y tener proporcionalmente pocos medidores instalados, igual impactó en forma negativa en la percepción de los encuestados y se mantienen en 62% quienes la consideran cara o impagable.
