Es así que no se descarta que existan 2 bloques de senadores que respondan en simultáneo a la Casa Rosada.
Los tironeos parlamentarios entre el peronismo albertista y el kirchnerista tiene otro capítulo. Este último estaría presionando para el desplazamiento del Defensor del Público, una institución que se creo a partir de la diezmada Ley de Medios. Ese cargo lo ocupa hoy de forma provisional Eduardo Alonso, cercano al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y que fue designado mediante un proceso que no escapó a sospechas de la mano del radical santacruceño Eduardo Costa, presidente de la Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.
Según relata el diario La Nación, el kirchnerismo con el apoyo de ONG buscan forzar la salida de Alonso para colocar allí a alguien afín, como lo fue Cynthia Ottaviano, quien saltó del kirchnerista diario Tiempo Argentino a la titularidad de la Defensoría. Ottaviano abandonó el cargo cuando se cumplió su mandato en 2016.
Esta necesidad K genera tensiones con el peronismo albertista. De acuerdo al matutino, receptor de las presiones es el senador chubutense Alfredo Luenzo, vicepresidente de la Bicameral.
Luenzo pretende la normalización de la Defensoría, pero a través de un proceso ordenado, lo que colisiona con la ansiedad kirchnerista y sus aliadas ONGs. Según La Nación, este fue uno de los motivos que generaron rispideces en el Senado.
La Defensoría del Público, que tiene por misión defender el derecho de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual, se volvería un lugar estratégico para el kirchnerismo si es que insiste en la creación de una "Conadep del periodismo", es decir, una política destinada a "revisar" la labor periodística durante los últimos años y de la que Cristina Fernández se percibe como víctima.
La creación de una comisión especial, real o simbólica, con ese fin fue sugerida por el actor Dady Brieva, pero también recibió el apoyo del intelectual Mempo Giardinelli y, más recientemente, del sindicalista Hugo Moyano.
"Tienen que pagar porque ellos también son parte de la sociedad y tienen mucha responsabilidad en su tarea y, por lo tanto, no pueden usarla en perjudicar a la gente", dijo el camionero.
Alberto Fernández, por su parte, rechazó una iniciativa como esa.