La normativa sobre la actividad de los biocombustibles vence el 12 de mayo y no hay atisbos de que Diputados avance con la media sanción faltante para la prórroga que le giró el Senado.
Hay versiones que indican que el Frente de Todos presentaría en los próximos días el proyecto para aprobarlo en 15 días. También trascendió que el diputado Marcos Cleri presentaría una iniciativa propia. Pero no cierran los tiempos para lograr la sanción en ambas cámaras, excepto que se haga una prórroga primero vía decreto presidencial, lo que constituye el tercer rumor al respecto.
Sobre el posible proyecto se dice que se crearía una empresa estatal denominada Y-Bio S.A., y se definirían cortes y precios, lo que preocupa al sector porque se propone un corte mínimo de los combustibles con biodiesel y etanol que bajaría al 5 y 7 por ciento respectivamente.
Según el portal Más Energía, con la normativa vigente, se fija hoy el corte del gasoil y las naftas con biodiesel y bioetanol con 10% y 12%, respectivamente. Ese porcentaje fue retocado en enero luego de que se dispongan aumentos en el precio de los biocombustibles en un 60%. En efecto, el Gobierno nacional redujo el corte para la mezcla obligatoria pero solo lo justificó como algo “transitorio” con el fin de controlar la presión sobre los surtidores y sus efectos en la inflación: con el gasoil, lo bajó de un 10% a un 5% en enero, lo pasó a un 6,7 en febrero, a un 8,4% marzo y se prevé que volverá a un 10% en abril.
Donde Alberto Fernández llega tarde es con la Ley Ovina, que venció en los primeros días de abril y dejará a los productores sin una ayuda presupuestaria vital.
El diputado rionegrino Luis Di Giácomo, asiduo aliado del Gobierno en el Congreso, presentó un proyecto de ley el año pasado para extender ese beneficio por 15 años y por 1500 millones de pesos anuales, pero no se trató.
Pero tampoco el Gobierno nacional envió al Congreso una iniciativa al respecto antes de que se venciera el plazo, como ocurrió el 5/4, y a pesar de que hubo reuniones entre legisladores, ministros provinciales y representantes del ministerio de Agricultura del Gobierno nacional.
Por último, también está pendiente la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, que vence el 30 de abril. En el Frente de Todos hay un debate sobre qué hacer con la hidrovía, entre quienes apoyan la estatización y quienes prefieren volver a concesionarla.
Según el portal TradeNews, no se sabe si las empresas que integran el concesionario (la belga Jan De Nul, a cargo de conservar las profundidades y anchos de los canales; y la local Emepa, que realiza el balizamiento) seguirán operando. El Gobierno no llegó a licitar y no habrá entonces un nuevo concesionario.
Desde el Ministerio de Transporte señalaron que “el 26 de abril se va a anunciar” cómo se sigue. En el sector dan por hecho que al menos Jan De Nul continuará realizando el mantenimiento, con contratos temporales probablemente, agregó TradeNews, que destaca que hay un frente político, y es la nula simpatía que genera Emepa y el empresario Gabriel Romero cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Situación que obliga a resolver un problema administrativo: extender el contrato de Hidrovía SA implica continuar con Emepa en escena.
Por su parte, Alberto Fernández dejó en manos del ministro de Transporte Mario Meoni, el asunto. Pero en el Senado dictaminaron a favor de una ley que crea una comisión bicameral de control de la concesión, lo que trastocó los planes del Gobierno nacional.
Según TradeNews, Cristina pone como condición que Emepa salga del radar; voces asociadas a La Cámpora reclaman nacionalizar las obras, o al menos cobrar el peaje; Sergio Massa quiere ser garante de la continuidad operativa y el Presidente prefiere sumar a las provincias al control, y ya no tanto a la administración.
