En la Justicia, por ahora sólo se expresó públicamente Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, que aclaró que son haberes jubilatorios de privilegio, sino de protección y argumentó: “La intangibilidad de nuestros ingresos es para garantizar la independencia de los jueces".
También alertó que la ley podría generar un vaciamiento del Poder Judicial.
“Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió en declaraciones a Radio Mitre.
Y adelantó que habrá más vacantes: “Espero que no se concrete porque va a generar un vaciamiento del poder judicial. Ahora hay 300 vacantes: va a haber 300 más”.
El tema de las vacantes sería una buena noticia para el Gobierno nacional porque podría nombrar nuevos jueces.
Es más, enviar primero este proyecto antes de la reforma judicial -o incluirlo en esta última- parece ofrecer una puerta de salida voluntaria a los magistrados.
Ocurre que si los jueces renuncian a sus cargos podrían conservar los beneficios del actual sistema y no los perderían después de que la reforma se convierta en ley (aún no están claros los números en Diputados pero en el Senado el oficialismo es mayoría) y supere los previsibles planteos judiciales.
Según el diario La Nación, los magistrados buscarán esta semana reunirse con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con Recondo y con los legisladores de todas las bancadas para tratar de contener lo inevitable.
Pero la vía del reclamo de inconstitucionalidad con visto bueno de la Corte Suprema no estaría tan clara porque el proyecto de ley no los alcanza.