Ese DNU judicializado aún debe ser tratado por las cámaras del Congreso, que hace más de un mes que no sesionan. Solo basta que una de ellas lo apruebe (en el Senado hay mayoría oficialista) para convalidarlo. El Frente de Todos pensó que dictaminar a favor del decreto le daría una señal a la Corte, pero no alcanzó.
Ahora intenta lo mismo con el DNU 287, que fue firmado el 30 de abril pasado y que prorrogó al anterior, cuestionado por Larreta y cuando se descuenta un despacho negativo para Alberto en el máximo tribunal de justicia del país.
Mientras tanto, el Gobierno redacta el proyecto de facultades extraordinarias que la oposición denuncia por pretender concederle superpoderes en el manejo de la pandemia. Algo insólito porque sucede 1 año y dos meses después que comenzó la pandemia.
En verdad, todo esto sucede porque el Presidente ha fracasado en conseguir las vacunas que anunció a fines de 2020 y no puede mantener el consenso con todos los gobernadores, intendentes y especialmente con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un año electoral.
Y más cuando el mandatario porteño nunca se inscribió en el sector más duro de la oposición, adonde prácticamente lo arrojó el oficialismo cuando le quitó fondos coparticipables –también en medio de la pandemia- y recientemente cuando tomó medidas restrictivas en el distrito, sin consultarlo previamente.
Y en este contexto, el Presidente quiere que el Congreso le apruebe facultades extraordinarias para tener más poder y que sus decisiones no terminen siendo cuestionadas por la política y la Justicia, a pesar de ya contar con delegaciones legislativas y decretos a disposición.
La incógnita es si el Gobierno tiene los votos para aprobar los “superpoderes”. Para eso, necesita de los gobernadores, a quien Alberto quiere transferirles también la responsabilidad de dictar sus propias medidas impopulares de cuarentena.
Los mandatarios provinciales aún no se han pronunciado de manera clara al respecto, en gran medida porque se desconoce la letra del proyecto que enviará el Gobierno al Congreso.
Todo esto sucede, además, en el momento de más baja autoridad de Alberto Fernández.
El Presidente ya venia en baja en su autoridad y por eso le dieron la presidencia del PJ. Pero su situación la maniobra no ha resultado y entonces ahora pide superpoderes.
Lo que Alberto no entiende es que no necesita superpoderes, necesita autoridad, que es distinto.
Y la autoridad, según él mismo dijo al asumir la Presidencia, era consenso.
El día que Alberto abandonó la búsqueda de consenso, perdió autoridad. Esa autoridad que ahora intenta recuperar con una ley y con más poderes, y que seguramente será recurrida ante la CSJN por algún nuevo planteo de inconstitucional que vuelva a desautorizarlo.
