"(...) lo más importante de los días previos al 7D -paradojal y sorpresivamente- fue la lucha a muerte que el Gobierno nacional decidió librar contra toda la Justicia argentina, incluyendo a la Corte, como anticipo de lo que vendría luego del desguace de toda la prensa libre. Así, con supina ingenuidad, el oficialismo desnudó cuál sería su enemigo mortal luego del fin del periodismo independiente: la justicia independiente.
Para eso no se privó de nada: la acusó de alzada, desfachatada y desacatada, la caratuló como continuadora del partido militar, le recusó cámaras enteras y, como frutilla del postre, a través del viejo “revolucionario” Carlos Kunkel (que ganó gloria por haberle renunciado como diputado a Perón en los ’70), acusó a la Corte de querer dar un golpe institucional, pero no por defender a Clarín sino por exigir el 82% móvil de los jubilados, hoy rebautizados como buitres y caranchos desde el poder.
¿Justifica la pelea contra la prensa incluir en ella también a la Justicia?, máxime en un gobierno que cuando aún creía en sus propias fuerzas y no en el derecho de la fuerza supo ser reconocido por uno de sus logros más notables: una Corte de Justicia independiente, que ahora quiere desindependizar.
Quizá la razón de este cambio brusco se deba a lo que Menem y Duhalde se hartaron de repetir: que toda Corte siempre debe ser dependiente del Gobierno no sólo para que apoye sus políticas, sino para que cubra jurídicamente a los funcionarios ante sus probables retiradas. Por eso el kirchnerismo, que parece haber aprendido la lección que antes no supo escuchar de sus viejos socios peronistas, ahora quiere que la Corte elija entre ser su amiga o su enemiga, pero nunca jamás independiente.
(...) Ahora bien, más allá de la crónica de tantos desmanes, la pregunta es porqué el Gobierno nacional mostró sus peores caras cuando debió mostrar las mejores para concentrarse en su lucha contra el multimedios. Lo hizo porque en su lógica política cree que si amenaza con el caos todos se intimidarán y cederán a sus deseos.
Pero también porque pusieron al frente de la guerra por el 7D a un buen muchachito de la izquierda cheta, Sabbatellita, que antes de ganar la guerra ya se estaba poniendo el traje de candidato presidencial por el cristinismo si Cristina no lograba su re-re, o de gobernador de Buenos Aires si Cristina lograba su re-re. O, en el peor de los casos, volver a su carguito legislativo, al que ni siquiera renunció pese a que lo nombraron el Napoleón contra Clarín (sólo pidió licencia, demostrando la confianza que se tenía en el frente de batalla). (...)".
"(...) La Corte Suprema se reunirá mañana (lunes 10/12) para tratar los recursos presentados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la jefatura de gabinete de ministros. Es imposible que declarare nula la medida cautelar en ejercicio de sus funciones de superintendencia, como pidió la AFSCA. La jefatura de gabinete de ministros solicitó el avocamiento de la Corte por salto de instancia, pretensión que también sería rechazada ya que al haber fallado el tribunal superior de la causa no habría verdadero per saltum. En cambio, la Corte aceptaría el recurso extraordinario, que la jefatura deberá presentar ante la misma sala que prolongó la cautelar. Pero en ese caso, debería dar vista sucesiva por diez días a ambas partes, lo cual llevaría la sentencia a una fecha intermedia entre la Navidad y el Año Nuevo. En los primeros contactos entre los jueces sí hubo acuerdo en señalar que la Cámara se había extralimitado al contradecir lo que ya dijo la Corte en mayo sobre la duración del proceso de adecuación a la ley. Antes podría producirse la sentencia definitiva del juez Horacio Alfonso. Cualquiera sea su decisión, cuando una de las partes apele, la sentencia quedará en suspenso. Ahí sí procedería el recurso directo a la Corte Suprema, salteando a la Cámara que prorrogó la cautelar. Cuando por fin el Grupo Clarín deba adecuarse a los topes legales, no perderá su poder político ni simbólico: en la línea sugerida por su fastidiado socio minoritario, Fintech Advisory, debería desprenderse de su paquete accionario en Cablevisión pero conservaría su señal de noticias TN, su radio Mitre y su canal 13 de televisión abierta. (...)".
"El día que finaliza la cautelar, que ahora es lo mismo que decir el día que haya fallo definitivo, ¿comienza a correr el año de período de desinversión voluntaria que prevé la Ley de Medios, o caduca? Si se hace esta pregunta a un abogado, antes de contestar pedirá que primero se le informe quién es su cliente.
Porque, como ambas respuestas son posibles y válidas, su contestación será en beneficio de aquél para quien trabaje. Los jueces no tienen un cliente como los abogados: trabajan para la Nación, algo aun más abarcativo que el pueblo, porque incluye a las generaciones futuras que no votan. Preguntas similares a ésta de la Ley de Medios, que tienen respuestas opuestas igualmente plausibles, no sólo llegan regularmente a la Corte Suprema sino que son casi su exclusividad, por eso el máximo tribunal es un tribunal político.
(...) El presidente de la Corte Suprema intervino directamente en el fallo de Cámara que prolongó la cautelar a favor de Clarín y le agregó un año más para desinvertir a partir de que la ley entre en vigencia. Algo que parece prenunciar que, en el peor de los casos para Clarín, recién tendrá que desinvertir en 2014 si es que la Corte declara constitucional la ley en sentencia definitiva cuando le termine llegando la causa de fondo. Así, sería un empate: el Gobierno tiene razón, pero recién podrá ejercitar su victoria casi al terminar su mandato.
Si el fallo de la Corte llegara además a disponer que la desinversión es inconstitucional, se abrirían alternativas más radicalizadas: desde la expropiación de bienes de Clarín dispuesta por una diferente y nueva ley promovida por el Gobierno (nacionalización del servicio de conexión de cable) hasta la implosión del kirchnerismo por su descomposición acelerada. Entre quienes especulan con esta última alternativa están los que ven al propio Lorenzetti (cuarto en la línea de sucesión presidencial) como principal candidato a terminar el mandato ante una eventual renuncia de Cristina si junto con ella dimitieran Boudou y los presidentes del Senado y Diputados, que son K. Y también quienes creen que no podría ocupar esa posición alguien que no sea peronista.
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Esta perspectiva tiene a la Corte como agente del deterioro del Gobierno, pero una forma diferente de leer la realidad consiste en considerar el fallo del jueves de la Cámara a favor de Clarín, junto con el texto de las asociaciones de jueces demandando públicamente al Gobierno respetar la división de poderes, más como una consecuencia que como una causa de la pérdida de apoyo de la Presidenta. Porque fallos así hace un año hubieran sido imposibles, ya que la Corte Suprema –como Moyano o De la Sota (en menor medida también Scioli)– se le anima al Gobierno porque lo ve débil. (...)".
"(...) La administración de Cristina tiene abierto el camino de la apelación a la Corte. ¿Por qué ésta le aceptaría entonces un per saltum sobre una simple medida cautelar? ¿Cómo lo haría, cuando fue ese tribunal el que ordenó a los jueces, en una resolución fulminante y decisiva, que tomaran rápidas decisiones? ¿Qué gravedad institucional existe por una cautelar que protege propiedades de una empresa mientras se resuelve la cuestión de fondo? ¿Podría la Corte, en definitiva, aceptar un per saltum sólo para anular decisiones no apeladas?
Si la Corte aceptara semejante zafarrancho jurídico, se instauraría un per saltum especial sólo para casos de caprichos presidenciales, no de gravedad institucional.
Sabbatella es un político que demostró el tamaño de su talento: puede administrar razonablemente un municipio bonaerense. Carece de experiencia y de formación para cosas más importantes. El viernes decidió (él, no la Afsca) que ningún medio de comunicación audiovisual estará obligado a desinvertir hasta que no lo haga Clarín. La Cámara, en su resolución del jueves, dijo exactamente lo contrario: su decisión sólo es aplicable a Clarín. Lo había precisado antes la Corte Suprema. La Justicia trata sólo temas particulares y el Grupo Clarín fue el único que pidió la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios, entre ellos, el que apura la desinversión. ¿Qué harán ahora los medios que presentaron planes de desinversión? ¿Retirarán las propuestas y volverán a ser como eran? Sería risible si no fuera la aceptación lisa y llana de que esa ley tenía, y tiene, nombre y apellido.
Sabbatella apuró las manos de los jueces. Su condición de hombre parlanchín le jugó una mala pasada. Anticipó públicamente que a partir de mañana le sacaría licencias al Grupo Clarín y, sobre todo, los bienes físicos que harían redituables esas licencias. Suficiente. La Cámara no podía aceptar que cualquier decisión posterior se convirtiera en abstracta. El daño ya estaría hecho.
Así son los mariscales que condujeron la guerra perdida. El equipo jurídico del Gobierno tiene astucia para el arte de la chicana, que suele tropezar a la vuelta de cada esquina. Sus voceros públicos son peores que sus abogados. El senador Marcelo Fuentes anticipó que el Gobierno les hará juicio político a todos los jueces que impugnen decisiones de éste. Ya lo está haciendo. La mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura está citando a jueces denunciados, sin reparar siquiera si las denuncias son ciertas.
(...) La Presidenta debería relevar a sus abogados y a sus voceros después de tantas equivocaciones. El conflicto que tiene, no obstante, es insoluble. Los abogados escribieron lo que ella les dictó. Los voceros dijeron lo que ella les ordenó. El jueves, Cristina fatigó el teléfono de Sabbatella, que tenía el ánimo peor que su presidenta. Ella no esperaba otra decisión de los jueces Najurieta y De las Carreras (por eso recusó a este último hasta el cansancio), pero se ilusionó con que el miedo los paralizaría. Unos días al menos. Los suficientes como para atravesar el 7-D con el discurso de algún éxito. Esos jueces tuvieron más coraje que muchos ministros juntos. Saben lo esencial: al miedo se lo vence enfrentando al miedo.
La próxima escala es la Corte Suprema. Discursos incendiarios y actos con movilizaciones financiadas por gobernadores e intendentes, como el que se hará hoy. Todo estará dirigido a esos jueces supremos, que se han convertido en la última frontera de la defensa de los derechos y garantías de los argentinos. Cristina no se resigna a una derrota. Su guerra, inservible y superflua, no ha concluido."
"(...) La misión de la SIP que visitó Buenos Aires, integrada por nueve editores de medios del continente y presidida por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paolillo, mantuvo antes una serie de reuniones secretas, preparatorias del encuentro del Congreso, en las que participaron representantes de medios, dirigentes de la oposición y los cinco integrantes del Consejo de la Magistratura acusados por el oficialismo de bloquear el proceso de designación de jueces que deberían intervenir en el planteo del Grupo Clarín por la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios.
No hubo ningún contacto con el oficialismo. Al respecto, la SIP informó que el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, había rechazado un pedido de reunión, pero el funcionario exhibió un cruce de correos electrónicos en el que la misma SIP desistía de la reunión con el argumento de que la visita a la Argentina había sido cancelada. La SIP, una entidad integrada por los dueños de los grandes diarios de la región, llegó a Buenos Aires por pedido de Clarín y La Nación para analizar el proceso de adecuación de la Ley de Medios Audiovisuales, que no tiene impacto sobre la prensa escrita.
Tiempo Argentino pudo reconstruir que los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, los radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla; además de los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky; y el camarista Ricardo Recondo participaron el jueves por la mañana de al menos una reunión en el Hotel Intercontinental con representantes de la SIP.
(...) Otra versión no confirmada revela que en uno de los encuentros estuvo presente el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y que en ese cónclave se difundió una presentación de 64 páginas en las que se resume la habitual posición del multimedios. Según ese relato, durante la exposición, el CEO del Grupo hizo un repaso de la disputa legal en torno a la Ley de Medios, criticó la distribución de la pauta publicitaria y las políticas de comunicación del gobierno.
La presentación en Power Point es un ajustado resumen de la posición que Clarín expone habitualmente en sus medios, en la que tilda de K a algunos medios y periodistas, hace referencia a presiones a la justicia y repasa una supuesta escalada de hostigamiento a Clarín, pero sin citar casos concretos. En el mismo también hay un análisis de los articulados de la Ley de Medios, alineado al documento confidencial de la SIP.
Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura que participó del encuentro relató a Tiempo Argentino que el jueves hubo dos reuniones en el hotel Intercontinental, en una de las cuales estuvo presente junto a sus otros cuatro colegas, y otras dos el viernes, todas previas al encuentro que fue público en el Congreso.
"Fue una reunión tranquila", reseñó el consejero, quien afirmó que todos los miembros de la Magistratura habían sido invitados. Sin embargo, el senador Marcelo Fuentes reveló a este diario que no fue convocado, y otra fuente del Consejo confirmó que el resto de los consejeros que no participaron tampoco recibieron el convite. "No recibimos ninguna invitación de la SIP", comentó Fuentes. (...)".
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"(...) La Presidenta no recibió a los editores extranjeros, como tampoco lo hizo ningún funcionario de su gobierno. El kirchnerismo se asume desde siempre en guerra abierta y frontal contra la SIP, tal como sucede con los regímenes de Ecuador y Venezuela. La misión de la SIP y las senadoras nacionales María Eugenia Estenssoro, Norma Morandini y Laura Montero organizaron una importante jornada el viernes en el Senado, de la que invitaron a participar a periodistas como Nelson Castro, Carlos Ares, Carlos Torrengo (en representación de Julio Rajneri), Magdalena Ruiz Guiñazú, Alfredo Leuco y este columnista. Desde ángulos muy diversos, e incluso con fuertes críticas a la trayectoria y antecedentes del Grupo Clarín, se coincidió en criticar fuertemente las embestidas del Gobierno sobre la prensa no subordinada a la Casa Rosada. A los enviados de la SIP se les notificó que el Gobierno hace una “aplicación selectiva” de la ley de medios de 2009 con el único propósito de “desahuciar al Grupo Clarín”.
Mas allá de eso, la SIP constató que “la publicidad oficial continúa siendo distribuida para favorecer a los medios ‘amigos’ y castigar a los que el Gobierno ve como ‘enemigos’, con dinero de los argentinos”. Le llamaron también la atención las explícitas presiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial “para incidir en el nombramiento de los jueces que entienden en la causa entablada por el Grupo Clarín”. Además advirtió sobre “la construcción, lenta pero sistemática, de una suerte de pulpo mediático que, mediante el empleo abusivo de los medios públicos y la disposición de algunos empresarios privados fuertemente vinculados con el poder, transmite desde entonces en ‘falsa cadena’ lo que se ha dado en llamar ‘el relato’ del Gobierno”.
La entidad recordó que siempre ha sido su posición “rechazar las hegemonías comunicacionales, tanto del sector privado como si se verifican en el sector público. Y, si bien se opone a los monopolios u oligopolios privados porque afectan la libertad de expresión, con más fuerza se opone a los monopolios u oligopolios estatales, porque éstos conducen al totalitarismo”. (...)".
"(...) Respecto de las enseñanzas de lo que pasó esta semana, fue caliente en los tribunales y en la agenda de los medios respecto de la extensión de la cautelar. Incluso, corrió de la agenda periodística a los asuntos de interés de los sectores populares. En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, la basura, el transporte, las inundaciones o los hechos policiales inquietan mucho más al ciudadano de a pie que el artículo 161. Y en esos temas el Estado –nacional, provincial o de la Ciudad– tiene mucho que ver y, sobre todo, tiene mucho para avanzar en concreción de medidas interjurisdiccionales.
(...) Para terminar, unos párrafos de un correo electrónico tomado de un interesante debate colectivo entre militantes kirchneristas. Uno de ellos, cuyo nombre no viene al caso, decía: “Es una buena oportunidad para poner de relieve que quizás estuvo muy mal poner todas las fichas a la epopeya del 7D, por la sencilla razón de que la ley de medios ya está produciendo logros: en La Pampa, una cooperativa surgida gracias a la ley está ofreciendo Internet a 89 pesos, y está desplazando a Cablevisión; en Jujuy, hay una radio que transmite parte en castellano, parte en quechua, también producto de esta ley. Haber dado trascendencia al 7D como se le dio, como batalla en la cual íbamos a empezar a terminar con los privilegios de Clarín, podía terminar como terminó: que el 7 de diciembre Hermenegildo Sábat sacara como sacó una caricatura de Cristina con un ojo morado. Si hubiéramos puesto el acento en cómo estábamos avanzando, en vez de anunciar el día de la gran derrota de Clarín, no sólo hubiera convocado a más conciencia de la legitimidad de la ley de medios. Estaríamos menos expuestos a la afrenta del otro actor que no estábamos considerando: la corporación judicial, cuyo papel aparece ahora agigantado. La soberbia de la que tenemos que tomar nota no es por gestos de la persona de la Presidenta, ni por su estilo comunicacional, la soberbia es el ninguneo respecto de la fuerza del adversario, del enemigo. Por supuesto que estaremos en la Plaza el domingo, pero nuestros gritos no pueden simular ser gritos de victoria, el asunto es si nos replanteamos algunas cosas a partir del lunes”.
"(...) Están las pesadillas de Martín Sabbatella, que por estas horas debe añorar aquellos tiempos de la campaña electoral de 2011, cuando criticaba con dureza a Néstor Kirchner. Dicen sus enemigos de adentro que el saltimbanqui exintendente de Morón le vendió pescado podrido a Cristina y que más temprano que tarde pagará por ello. Que la embarcó en aquello de ir con la gendarmería y algunos abogados a tomar algunas empresas del Grupo sin importar que la ley diga otra cosa, suponiendo que era gratis. Creyó, o le hicieron creer para usarlo de mascarón de proa, que si le podía ofrecer a la presidenta un 7D tal como lo habían urdido y programado desde La Cámpora y Unidos y Organizados, de ahí se iba derechito con el boleto en la mano para subirse a la candidatura a gobernador de Buenos Aires en 2015. (...)
Pero tal vez la peor de las pesadillas es la que se llevó la presidenta a Brasil, aquella noche del pasado jueves, después de tres horas de reuniones casi dramáticas en Olivos con su mesa chica, una vez confirmado lo que su operador en Tribunales, Javier Fernández, le había anticipado la mañana del día anterior, es decir, que la Corte haría lugar a la cautelar pedida por Clarín.
La segunda mala noticia, tras esa primera que le hizo tambalear la estructura casi igual que aquellas horas inciertas de 2009, tras la derrota electoral de su esposo, le llegó cuando ya estaba en territorio brasileño, el viernes al mediodía: los jueces del máximo tribunal van camino a rechazar este martes el pedido del gobierno para aplicar la ley de "per saltum", sancionada de apuro en el Congreso y sólo reglamentada por el Poder Ejecutivo cuando comprobó que la necesitaría para intentar salvar la ropa tras aquella primera derrota. Fernández le transmitió vía celular en detalle la reunión que cuatro de los siete supremos, todos menos Eugenio Zafaroni, de viaje en Colombia; Carmen Argibay, con parte médico, y Carlos Fayt, ausente con aviso, acababan de mantener.
El martes, cuando el plantel esté completo, fallarían que no corresponde per saltum para una causa que no tiene sentencia de primera instancia, ya que todavía falta que se expida el juez Horacio Alfonso, que para peor podría tomarse su tiempo y dar a conocer su fallo después de la feria de enero. La Corte rechazará también sin más trámite el reclamo del gobierno para insistir en la recusación de los jueces de la Cámara que concedieron la cautelar y que impulsó Sabbatella. (...)
Lo que habría transmitido además Fernández a la presidenta es que deberá prepararse para que los jueces de la Corte impregnen de alguna manera su fallo del martes --si es que finalmente deciden reunirse y resolver, claro--. Hoy es sólo un fortísimo indicio proveniente del interior mismo del alto tribunal, del inevitable encono que les ha producido el intento de linchamiento publico por anticipado, o poco menos, que propusieron Alak, el senador Marcelo Fuentes y el miembro oficialista del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, si no fallan como a ellos les gusta. ¿Cómo no esperarlo, después de tratarlos de sediciosos y golpistas, de integrar el "partido judicial" como remake del "partido militar", o de empleados de Clarín?
Con todo, la presidenta ha decidido salir disparada hacia adelante. A doblar la apuesta, a ir por todo, a matar o morir, a no dar ni un solo paso atrás, según el coro de bravatas que mientras mascullan qué hacer con el merchandising 7D entregan voceros y funcionarios. Lo lamentable es que, una vez más, no escuchó. (...)".
"(...) Cristina ordenó la instrumentación del per saltum y el pedido de nulidad a la Corte Suprema de dicha cautelar. La Presidenta no ignora que el máximo Tribunal deplora esos procedimientos.
Pero fue fiel a su lógica del cerco.
Así también se comportó, junto a Kirchner, cuando el Senado debió votar la resolución 125 durante el conflicto con el campo. Presumía y poseía información del voto negativo de Julio Cobos. Desechó incluso una oferta de cuarto intermedio que le hizo llegar Miguel Pichetto, el jefe del bloque K, y forzó la votación. Derivó en aquella memorable derrota.
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Los ánimos de la Corte con el Gobierno tampoco parecen ahora los mejores. El kirchnerismo ha sabido abonar mucho ese malhumor. Los jueces tomaron nota además de algo que el poder soslaya con obstinación: las últimas protestas sociales, en especial la del 8N, donde la Justicia figuró con insistencia en la maraña de reclamos . No resultó casual que en medio de este clima de tensión entre Gobierno y la Justicia surgiera un manifiesto de todos los jueces de la Nación exigiendo respeto a su independencia. Y el fin para las campañas difamatorias. La queja se desparramó también a las Justicias provinciales. Ese texto nació de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte. Y contó con las firmas de Elena Highton y Carmen Argibay. Al menos otros tres miembros de la Corte se tentaron con suscribir la declaración. Pero no hacía falta: para eso estuvieron las mujeres.
Cristina reaccionó ante el revés como lo hace siempre. Intercalando silencios con ninguneos.
“Más de lo mismo” , expresó en Brasil. También en esa apreciación, como en otras, se estaría equivocando. La irrupción masiva de la Justicia en la primera línea de la escena política, más allá del fallo que benefició al Grupo Clarín, representaría una advertencia y un límite concreto a los desbordes recurrentes del kirchnerismo. Eso no ha sucedido nunca en 30 años de democracia.".
"El frustrado 7D, curiosamente el día más previsible de las últimas dos semanas, abrió una caja de Pandora insospechada que terminó dejando al Estado al borde de un delicado conflicto de poderes. Lo que se había presentado como una epopeya ciudadana de democratización de la palabra, de pronto se había convertido en una especie de golpe institucional de una justicia comprada por un multimedios. Así, sin medias tintas.
(...) El kirchnerismo termina la semana ante los ojos de la opinión pública como si hubiese perdido una batalla que, en realidad, no perdió en absoluto. Esa sensación generalizada no sale de la tapa de los diarios ni de los discursos monocordes de la oposición: los rostros de Martín Sabbatella y Julio Alak, dos de los más golpeados con que el 7D no haya pasado nada más que la Cumbre del Mercosur, hablaban por si mismos.
(...) En octubre (2013) Cristina se juega buena parte de su suerte para los años que le quedan de gestión. Otra fuerte ratificación popular, pasados los cacerolazos y los paros nacionales, significaría un empuje de mayúscula envergadura para encarar la sucesión con tranquilidad. Esa sucesión puede incluirla a ella o no, lo trascendente es que 2015 llegue sin un aumento fuerte de la protesta social. Ese dilema futuro nubló parcialmente el análisis actual y lo llevó al Gobierno a sufrir un pronunciamiento judicial inédito en los últimos treinta años. Los magistrados de todo el país denunciaron “presiones directas o indirectas” y señalaron directamente al Poder Ejecutivo. (...)
Está claro que cuando las aguas se calmen habrá replanteos profundos en la Quinta de Olivos. La estrategia judicial del Gobierno en distintos ámbitos está siendo defectuosa para su propia imagen y la está llevando a la Presidenta a golpearse reiteradamente contra los fallos de los magistrados. (...)."
