Por un lado, y en una maniobra calcada a la de Página/12, difundió a través del Centro de Información Judicial las fotografías tomadas durante la fracasada audiencia de conciliación del lunes (10/09) donde se lo veía claramente al titular de la Anses, Diego Bossio, dormitando.
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La difusión de esas imágenes generaron un profundo malestar en el Ejecutivo nacional.
La otra señal fue el desplazamiento de la siempre oficialista jueza federal María Servini de Cubría en la causa en la que fue procesado el publicista macrista Jaime Durán Barba y dos de sus asesores por la denominada “campaña sucia” contra Daniel Filmus.
Los procesamientos habían sido apelados por los imputados y se encontraban hasta hoy a estudio de la Cámara Federal, que ahora deberá enviarlos al juez Carlos Bentolilla, con lo que se abren nuevas posibilidades para los acusados.
El máximo tribunal resolvió una “cuestión de competencia” planteada entre la jueza federal con competencia electoral Servini de Cubría y el juez penal y contravencional de la Capital Federal Bentolilla.
Otro dato para el kirchnerismo: la votación fue unánime –sólo Carmen Argibay no votó-.
Acerca de la foto de Bossio, hay que recordar que el máximo tribunal acumula varios enojos. Especialmente por los juicios previsionales que se multiplican y el manejo de los fondos de la Anses, sobre lo cual pidió informes tiempo atrás.
A mediados de junio pasado, el cuerpo de jueces que preside Lorenzetti intimó al organismo gubernamental para que explique cómo invierte los casi 160.000 millones de pesos que administra en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con el cual financia gastos y programas de la Casa Rosada.
Más tarde, en julio, la Corte estableció la jubilación mínima en el 70%. Así, el cuerpo de magistrados falló a favor de un ex empleado de YPF, al rechazar una apelación de la Anses.
En esa oportunidad, el tribunal objetó la apelación de la Anses porque "no cumple con el requisito de fundamentación".
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Para fundamentar su fallo, los jueces sostuvieron que la jubilación es una "consecuencia" del salario que percibía el trabajador "razón por la cual el principio básico es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad".
Volviendo al reclamo de Córdoba, sobre lo cual el máximo tribunal podría dar a conocer una resolución –total o parcial- en dos semanas, cabe recordar que la decisión de abocarse a la presentación de De la Sota se tomó luego de que Eugenio Zaffaroni, el juez más cercano al kirchnerismo, se pronunciara a favor de que esas controversias se canalicen por vías políticas desestimando el rol de la Corte que tiene historia en este tipo de intervenir en este tipo de conflictos.
Así, la Corte además rechazó el ‘relato’ oficial que desconoce a existencia de la deuda de más de 1.000 millones de pesos.
El Gobierno nacional no puede permitir que el reclamo cordobés avance y un fallo favorable se convierta en una grita por la cual puedan colarse Santa Fe o Corrientes.
Pero además hay otros peligros para el mundo cristinita: la Corte podría tomar otros dos casos sensibles para el Gobierno.
Uno es si se concreta el anuncio de José Manuel de la Sota sobre el reclamo para que no se le retenga más a su provincia el 15% de la coparticipación: "Estamos analizando la presentación que se va a hacer. Hay una ley de Córdoba que nos desliga del Pacto Fiscal (...). A mí me gustaría aclarar que esto se trata de una cuestión de cobro. He dicho que queremos cobrar y damos todas las posibilidades para que nos paguen", dijo este 12/09.
La otra cuestión podría ser el traspaso de las liquidaciones judiciales federales del Banco Ciudad al Nación.
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Como se descarta la sanción de la ley que desfinanciará al Banco Ciudad, se espera que el macrismo avance con un pedido de inconstitucionalidad de la norma ante el máximo tribunal.
La Suprema Corte ya acumula demandas de otras jurisdicciones en contra de la Nación.
De hecho además la Legislatura porteña aprobó días atrás una declaración de inconstitucionalidad de la norma, lo que le da al reclamo un marco legal para una presentación ante el máximo tribunal.
Es la misma estrategia que implementó Córdoba para ahora reclamar el 15% de la coparticipación: aprobar en el legislativo una norma que sirva de antecedente.
