Además, la falta de predisposición a dialogar sobre el ajuste que la Presidente ha lanzado pero, con hipocresía niega, manifiesta en 3 casos de gran visibilidad (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba), es todo un mensaje para gobernadores con menor capacidad de reclamo.
En el caso de las provincias, hay novedades acerca de los problemas financieros.
"Hay un plan de obras que es muy ambicioso y que, lamentablemente, tuvimos que lentificar en su concreción porque los números no vienen bien en la provincia ni en el país. Es necesario que se apruebe pronto la reforma tributaria y que Santa Fe sea reconocida económicamente por la Nación". Con estas palabras, el secretario de Obras Públicas provincial, Julio Schneider, admitió en un informe divulgado por el Ejecutivo el cambio de escenario económico en el cual muchos proyectos en Rosario dejaron de ser prioritarios. En la Casa Gris niegan una paralización de las licitaciones, pero sí admiten "un ritmo propio" ya que los recursos son destinados a gastos "de primera prioridad".
"Se atraviesa el momento económico más delicado de los últimos años", explicó Schneider para justificar el decrecimiento en el plan de obras lanzado en 2007, que el propio ex gobernador Hermes Binner había publicitado (a razón de 600 emprendimientos en marcha en Santa Fe).
"Teniendo en cuenta que el 81 por ciento de las erogaciones del Estado son gastos rígidos, y el 10 por ciento debe destinarse a gastos de primera prioridad como salud, seguridad y educación, entre otras, la alternativa que nos queda es buscar un ritmo propio para la ejecución de la obra pública", admitió el ministro de Economía provincial, Angel Sciara.
En marzo pasado, la Casa Gris redujo los gastos de funcionamiento. En abril se remitió a la Legislatura la reforma tributaria que traería alivio a las arcas provinciales y se sumó la emisión de letras para operaciones de corto plazo. Luego, el gobernador Antonio Bonfatti planteó cancelar la deuda a las contratistas con cheques de pago diferido, incluyendo la redeterminación de costos. (...)".
"La enorme liquidez bancaria del sistema financiero argentino es el objetivo al que apunta el equipo de Hacienda de la provincia para atender las dificultades de caja de un Estado provincial que, este año, deberá atender aumentos salariales por 1.500 millones de pesos.
Por ese motivo el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, se pasará dos días en Buenos Aires buscando cerrar las negociaciones que viene manteniendo con un número aún no conocido de bancos. Intentará asegurarlos como suscriptores de un bono que -a diferencia del inicialmente previsto- será de colocación nacional en lugar de internacional, en pesos en vez de dólares y con cancelación a tres años, a diferencia del largo plazo.
Según sean los resultados de las negociaciones de hoy (martes 10/07) y mañana (miércoles 11/07) serán los montos y las tasas finales del bono que ya se encuentra en gestación.
Según trascendió, Costa conversará -entre otros- con el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino y con el titular del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega. Por lo tanto, se descuenta que -además del bono nacional- intentará destrabar un préstamo puente (200 millones con el Banco Nación) y agilizar financiamientos para Aysam (por 60 millones de pesos) ante los bancos Hipotecario y Patagonia.
El ministro de Hacienda ha definido como “complicada” la situación financiera de Mendoza, al tiempo que ha resaltado el nivel de cumplimiento con el pago de sueldos y aguinaldos. También ha tomado distancia de lo que sucede en Buenos Aires, donde Daniel Scioli intentó pagar el aguinaldo en cuatro cuotas. Y ha resaltado que “por el momento no se observan complicaciones inmediatas en esos pagos” en Mendoza.
Costa no descarta una emisión posterior del bono internacional -que ya tiene preparado- en caso de mejorar las condiciones luego de que Argentina pague los 2.300 millones de dólares del Boden 2012 el próximo 3 de agosto.
Para entonces, especula con una posible baja de tasas, que hoy siguen por las nubes, en torno al 20% en dólares.
También trascendieron algunos detalles de la estrategia del Gobierno provincial frente a las propuestas de mayores ingresos para la Provincia de la oposición radical (el reclamo a la Nación de la contribución adicional a la Anses dispuesta en el Pacto Federal de 1992) y demócrata (exigir la liquidación de regalías al valor internacional y no nacional del petróleo).
Ambas iniciativas llevarían a confrontaciones con el Estado nacional, lo que el gobierno de Francisco Pérez busca evitar (ya que comparte el espacio kirchnerista con la presidenta Cristina Fernández) y lo que la oposición propicia (dadas sus posturas antikirchneristas).
En el oficialismo, el tema será llevado adelante por el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Félix González y por el vice Carlos Ciurca. Todo indica que el PJ se mostrará dispuesto a que ambas iniciativas opositoras sean analizadas en comisiones de la Legislatura Provincial. (...)".
En tanto, el gobernador Daniel Scioli no consigue concretar el acuerdo político necesario para que su proyecto de Ley de Emergencia Económica sea aprobado en la Legislatura bonaerense... que controla el Frente para la Victoria...
Scioli ordenó a su equipo profundizar negociaciones con el Ejecutivo nacional y que permitirían abrir nuevas fuentes de financiamiento de su Administración, para evitar depender del proyecto de ley, ya que legisladores provinciales ultrakirchneristas ya dieron señales de que no acompañarían la declaración de la emergencia económica, con el argumento de que incluiría “medidas de ajuste” que “contradicen la política del gobierno nacional”.
El vicegobernador Gabriel Mariotto, cuestionó el proyecto, afirmando que la iniciativa le podría permitir a Scioli enajenar activos del Estado tales como las islas del Delta y durante el fin de semana reiteró sus “prevenciones”.
El diputado y dirigente del Movimiento Evita, Fernando Navarro, anticipó que no apoyaría una ley de emergencia.
Es en ese contexto, Scioli decidió acelerar negociaciones con el ministerio de Economía de la Nación y con el Banco Central, y que apuntan a que la Provincia utiliza los BoGar, títulos públicos nacionales con vencimiento en el 2018 que están en poder del Banco Provincia.
Técnicamente, esos bonos constituyen un activo financiero del Bapro, pero por disposiciones nacionales deben permanecen inmovilizados porque constituyen la garantía de una deuda -asumida en su momento como consecuencia de la crisis del 2001- que a su vez mantiene la Administración provincial con el gobierno federal.
Las negociaciones, entonces, apuntan a un acuerdo a través del cual la Nación y el Banco Central autoricen a la Provincia a poder utilizar su tenencia en BoGar, que alcanza un valor técnico del orden de los $ 6.300 millones, aunque la intención sería colocar en el mercado no más de entre $800 millones y $1.000 millones.
Junto a una serie de medidas vinculadas a reasignación y reducción de gastos, la utilización de parte de los BoGar es uno de los puntos que pensaba incluir Scioli en el proyecto de ley de emergencia económica.
