Según el titular de Repsol, el gobierno argentino se había comportado "elogiando públicamente su gestión y agradeciendo su compromiso con Argentina" y, en ese sentido, recordó como ejemplo una frase pronunciada por la presidente Cristina Fernández en septiembre de 2010. En ese entonces, recordó Brufau, la mandataria había agradecido a Repsol por "continuar con sus inversiones en el país y ser el mayor contribuyente".
El escenario ahora cambió. Desligando su responsabilidad de la crisis energética, el Gobierno Nacional culpa a Repsol por el déficit. Sobre todo, de generar un "exponencial" aumento de las importaciones del sector, que en 2011 se acercaron a los US$10.000 millones. Julio De Vido reconoció este martes en el Congreso como "detonante" de la expropiación, el "saldo deficitario" de la balanza comercial del rubro (ver nota relacionada).
¿Pero por qué el Gobierno reacciona tardíamente a una situación que acarrea más de una década, como lo es la caída de la producción de hidrocarburos en el país? ¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno, como administrador del Estado, en la crisis energética que parece que acaba de descubrir?
Brufau aseguró que los directores estatales respaldaron las decisiones de Repsol en la última década. Hace 9 años que el kirchnercristinismo está en el poder, por lo que buena parte de esa década dispuso de representantes el directorio de la petrolera expropiada.
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El registro más antiguo es de 2004, cuando Néstor Kirchner designó a Ernesto Dardis, un pigüino que vino con el fallecido expresidente desde Santa Cruz. Allí, Dardis, un ingeniero hidráulico, se desempeñó como Ministro de Economía y Obras Públicas. Hasta 2003 fue director provincial de Energía.
Fue reemplazado en 2007 por Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación. Este dejó si sillón en YPF para ser reemplazado al año siguiente, ya con Cristina, por Santiago Carnero, un "K puro" que actualmente es superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. Carnero fue removido de ese cargo en YPF en 2011 cuando reasumió su función en la petrolera Roberto Baratta.
Brufau dijo que hasta el último 2/11 el Estado argentino había "apoyado" las decisiones de la compañía. Quien trasladó las objeciones fue Baratta, subsecretario de Gestión y Control de Planificación, como titular de las acciones tipo A y la acción de oro en manos del Estado.
¿Por qué Baratta, como representante estatal no presentó ninguna objeción en 2007, en su anterior mandato, ante lo que podía ser un eventual vaciamiento de YPF, como ahora se denuncia? Y peor aún ¿por qué aprobó el 29/7 último los Estados Contables de la petrolera al 30/6, apenas unos meses antes de que comenzara la embestida oficial?
La actitud de Baratta y de los anteriores directores designados por el Gobierno en el directorio de YPF alientan las sospechas de connivencia entre el Ejecutivo y la empresa. El Gobierno no sólo no actuó antes las supuestas irregularidades que hoy denuncia, sino que avaló todas las decisiones del directorio, aún teniendo poder de veto.
El "maestro Baratta", tal como lo bautizó Cristina Fernández, ahora fue designado como jefe de asesores de la intervención decretada y que conducen Julio De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Su previo y no muy lejano apoyo a las decisiones de YPF, lo ponen a él y al Gobierno Nacional en un rincón oscuro, lejos de la épica que el cristinismo quiere impregnarle a la expropiación.
