En 2012 es porque Cristina Fernández ha perdido la iniciativa política y la crisis de la economía le ha obligado a adoptar medidas que van a contramarcha del mundo, también en crisis.
La única diferencia sería YPF, un negocio personal entre tantos problemas. La avaricia de Máximo Kirchner que avala su madre, tal como hace con la nueva Ciccone y Amado Boudou.
La Junta Militar se desintegraba hace 30 años y la mala campaña militar en el Atlántico Sur solo corroboró los desencuentros y desdichas.
Cristina tendrá que ajustar el rumbo, en breve, porque la situación puede complicársele muchísimo, pese al buen precio de la soja.
OMC
Así, un frente externo muy complicado para Cristina Fernández. Ya no se trata de algunos de los defaults (incumplimientos de pago) que aún mantiene su administración. Tampoco de incumplimientos reclamados por el G20 (origen de la legislación antiterrorista, normas de AFIP e hiperactividad temporal de la UIF). Ni del choque con el Reino Unido para recordar los 30 años de la Guerra de Malvinas.
Tampoco las diferencias con los socios del Mercosur por las restricciones al comercio exterior. Ni la polémica con el Fondo Monetario Internacional por las irregularidades en las estadísticas de inflación. Ni la pulseada con USA en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es más serio.
USA, Australia, la Unión Europea (UE), Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, Taipei, Tailandia y Turquía leyeron una declaración conjunta ante el Consejo de Mercancías de la OMC (Organización Mundial de Comercio), en Ginebra, Suiza, que expresa las "profundas preocupaciones" que despiertan la naturaleza y las aplicaciones de esas medidas restrictivas adoptadas por la Argentina.
Tal como le dijeron
al diario La Nación varios economistas, el reclamo que le llega a Cristina Fernández es infrecuente y eso lo hace más complicado:
"(...) El ex ministro de Economía del kirchnerismo, Roberto Lavagna, consideró que el reclamo al que fue sometida la Argentina se debe a "la torpeza" de los funcionarios nacionales. "Hay muy pocos antecedentes de que un número tan grande de países hayan hecho una declaración de este tipo", afirmó. Y señaló que, después de esta advertencia, los países pueden llamar a una consulta y "si no da resultado, tienen autorización para retaliar"; es decir, para aplicar represalias.
En el mismo sentido, el titular de la consultora DNI, Marcelo Elizondo, ex director de la Fundación ExportAr, dijo que la queja es "grave".
"Detrás de este reclamo, hay 40 países cuyos PBI, sumados, son por lejos mucho más de la mitad de la economía mundial. Lo usual es que un país denuncie a otro; es inédito que sean 40", afirmó. "Esto tiene una gran contundencia política y allana el camino para que después algún país aplique represalias y restrinja, por ejemplo, el ingreso de productos argentinos", dijo Elizondo, hombre cercano a Martín Redrado y titular hasta 2010 de la Fundación ExportAr. (...)".
"Hacía mucho que no se veía en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) tanto consenso en contra de un país: la durísima queja que EE.UU. presentó ayer por las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno de Cristina Kirchner no sólo contó con la firma de 40 países desarrollados y subdesarrollados, sino que tuvo además el apoyo verbal de Chile, Colombia, Perú, Malasia y China, entre otros.
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El reclamo ante la OMC fue adelantado ayer por Clarín. “Todas las intervenciones fueron muy críticas, tanto las de los firmantes como las de los no firmantes. Argentina quedó totalmente aislada. Nunca vi nada igual. Ni siquiera países como Venezuela, Cuba, Bolivia o incluso China, que tiene tantos problemas comerciales, salieron a defender a la Argentina”, dijo a Clarín un funcionario latinoamericano que participó ayer del tenso encuentro en Ginebra. (...)
La encargada de defender la posición argentina fue la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Nahon, quien dijo que estaban intentando “estigmatizar a la Argentina”. Agregó que querían presionar al gobierno para que cambie políticas que son legitimas. Y enmarcó la queja en el conflicto Norte-Sur, acusando a los países desarrollados de haber iniciado la crisis y de querer impedir ahora que los países en desarrollo se protejan. Aunque casi la mitad de los que apoyaron la queja son países en desarrollo. Más tarde, la Cancillería respondió a través de un comunicado.
Sea como sea, el embajador estadounidense ante la OMC, Michael Punke, quien leyó el reclamo, le salió al cruce y acusó a Nahon de no haberse referido durante su réplica a ninguno de los problemas técnicos que originaron la declaración conjunta.
La queja se refiere a tres temas concretos. En primer lugar, hay gran preocupación por el uso de las licencias no automáticas para restringir el comercio, las esperas para obtener una licencia para importar y la manera en que el gobierno le niega a algunas empresas estas licencias sin justificación o explicación, y de una forma no transparente.
En segundo lugar, existe un malestar con respecto a la necesidad de prerregistrarse para obtener aprobación de cada transacción para importar un producto, lo que resulta en más retrasos y más costos.
Por último, los firmantes denuncian el que “por cada dólar que se importa hay que exportar otro”. “Estos arreglos incluyen fabricantes de autos teniendo que exportar productos como vino, aceite de oliva o soya” dice la queja y agrega que “Argentina dice que las empresas pueden ingresar en este esquema voluntariamente, pero muchos de los países que apoyan esta declaración comparten la preocupación de que está ocurriendo de otra manera”
(...) Ninguno de los países del Mercosur se pronunció a favor o en contra de la Argentina".
México afirmó que tomó la decisión de adherir a la declaración, debido a que las medidas tomadas por la Argentina "han tenido un serio impacto en sus exportadores".
China se declaró confiada en que "las medidas en cuestión sean temporarias", ya que gran número de sus exportadores también se ven afectados. El delegado chino recordó que su país es el 2do. socio comercial de la Argentina.
Chile, Colombia, Perú, Singapur, Malasia y Hong Kong también manifestaron su preocupación.
YPF
¿Y en qué anda el gobierno de Cristina Fernández, mientras intenta afirmar que no es tan importante lo que ocurrió en la OMC?
La obsesión es YPF. En verdad, un tema de Máximo Kirchner que su madre, Cristina, aceptó convertir en un tema de Estado.
Ya se ha escrito bastante acepta de los intereses de Néstor Kirchner en el tema YPF, y de las diferencias de su heredero Máximo con la familia Eskenazi, a la que había beneficiado Néstor.
O sea que no se trata de definir una nueva política petrolera sino de resolver problemas personales, probablemente comerciales, del joven inculto pero voraz que lidera a la bolsa de trabajo estatal La Cámpora.
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Negocios desde el Estado: es como el tema Ciccone pero en YPF.
En el diario paraestatal
Página/12, hay novedades sobre el punto de vista de Máximo sobre YPF:
"El Gobierno decidió que tomará el control de YPF. “En eso no hay marcha atrás”, dijeron fuentes oficiales a este diario. Y explicaron: el modelo de negocios de la empresa no cierra con las necesidades energéticas del país. Su política de distribución de dividendos es cuatro veces mayor a la media de la industria petrolera.
En consecuencia, el volumen de inversiones es insuficiente no sólo para aumentar la oferta de hidrocarburos en una economía que aspira al desarrollo, sino para evitar una caída constante en el nivel de reservas. El Estado tiene que gastar cada vez más para cubrir las importaciones de energía y la perspectiva, de acuerdo con el comportamiento que ha tenido Repsol desde que asumió el mando de YPF, es que el problema se irá agravando año tras año.
La apuesta a la “argentinización”, facilitando el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía, no dio resultado. Lo que el Gobierno debate internamente es el camino para asumir el manejo de la petrolera. Hay un abanico de posibilidades, dominado por dos grandes líneas: la expropiación o la intervención, con compra de una porción de las acciones. En ambos casos, previa aprobación del Congreso de una ley que declare de interés público la producción de petróleo y gas.
Puertas adentro del Gobierno se discute en base a dos esquemas de gestión petrolera en América del Sur: los de Brasil y Colombia, por un lado, y Venezuela y Bolivia, por otro. Todas son compañías controladas por el Estado, pero Petrobras y Ecopetrol tienen protocolos de administración más afines con el sector privado, sin las reglas que deben cumplir otras empresas públicas. Pdvsa e YPFB son más al estilo de la vieja YPF estatal. Pensando en experiencias argentinas, se habla del “modelo Estenssoro”, cuando el Estado nacional tenía el 20 por ciento de las acciones y las provincias el 19 –aunque en ese caso el management era privado y ahora será estatal–, o el previo, antes de la primera tanda privatizadora de YPF en los ’90.
Son referencias que sirven para analizar los pasos a dar. Como queda claro, todas las opciones contemplan desplazar a Repsol y a Eskenazi del manejo diario de la empresa y poner en su lugar a directivos nombrados por el Gobierno. Las causas para tomar esa decisión son las que se mencionaron más arriba. De ellas, hay un dato que remarcan en el Gobierno: YPF distribuyó en los últimos diez años el 104 por ciento de las utilidades obtenidas en el período.
La cifra es mayor al ciento por ciento porque se sumaron utilidades de años previos que se repartieron en esa década. El promedio de la industria para el mismo lapso es de 24 por ciento, y la cifra es aún más baja a nivel internacional. El piso de distribución de dividendos que fijó el ingreso de Eskenazi en YPF fue del 90 por ciento, dado que con esas ganancias se pagan los préstamos que tomó la compañía para adquirir el 25 por ciento de la petrolera. (...)".
