“Y van… no se… con tantas cautelares me perdí. ¿Conseguirán incorporar al club a fans funcionarios de mayor jerarquía?”, se preguntó la Presidenta.
Lo hizo en referencia la medida cautelar que frena la reorganización de la grilla de los canales dictada por el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Santiago Martínez y otros magistrado.
Un año y medio después el cristinismo de Diputados se propuso avanzar sobre las medidas de no innovar
En ese sentido, la diputada Diana Conti presentó un proyecto de ley que restringe el dictado de medidas cautelares contra el Estado.
La iniciativa impone una serie de modificaciones al Código Civil y Procesal de la Nación y establece que antes de dictar una medida cautelar contra cualquier organismo del Estado, el magistrado debe citar a una audiencia a las partes y a posibles terceros afectados.
Si se aprueba la iniciativa de Conti, un juez sólo podría dictar una medida cautelar contra el Estado siempre y cuando "no afecte el interés público comprometido ni genere mayores perjuicios que su no otorgamiento".
No es la primera vez que Diana Conti presenta iniciativas de este tipo. Ya en marzo de 2010 había presentado un proyecto sobre las medidas cautelares, en el que impulsaba una modificación de la Ley 16.986, incorporando el siguiente artículo: "Artículo 7 (bis): Cuando un integrante de un poder del Estado solicite una medida cautelar invocando una legitimación fundada en el ejercicio de sus funciones, deberá ser analizada con particular estrictez y sólo podrá concederse junto con la constitución de una caución real".
El proyecto de Conti apunta, directamente a sus colegas diputados y senadores, que suelen apelar a esta herramienta para frenar la aplicación de leyes o medidas gubernamentales, como sucediò con las reservas del Banco Central de la Repùblica Argentina.
El tema ya ha despertado distintas reacciones en el seno de la oposición. Para el macrista Pablo Tonelli, el proyecto "tendría que precisar mejor ese requisito de interés público comprometido".
El jefe del bloque radical de la Cámara baja, Ricardo Gil Lavedra, se debe "evitar recaer en un efecto contrario, como obstaculizar una vía expeditiva, como debe ser una acción de amparo".
El diputado Gustavo Ferrari (Frente Peronista) advirtió que, más que un proyecto jurídico, el de Conti es un "proyecto político". "No se puede descontextualizar este proyecto de la coyuntura política actual -sostuvo-. Claramente afecta el principio de igualdad ante la ley a favor de quien justamente es el más poderoso en cualquier litigio, el Estado
Quien más recientemente hizo uso de esta herramienta jurídica fue el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (Pro), para frenar el traspaso de la red de subterráneos a la Capital que quería imponerle el gobierno nacional. También apelaron a sendas medidas cautelares contra el Estado la empresa Fibertel, del Grupo Clarín, y la petrolera Shell, por el aumento dispuesto en los combustibles en 2010.
