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Los transportistas se manifestan en todos los puertos del país, entre ellos Rosario, Buenos Aires, San Nicolás, Quequén y Bahía Blanca.
FETRA, que nuclea al 60 por ciento de los transportistas cerealeros, comenzó el lunes (19/03) el paro por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de un acta firmada el 31 de octubre último con el gobierno nacional.
Allí se acordaba la fijación de un piso básico tarifario que estará especificado en la Carta de Porte (único documento válido para el traslado de mercancías) y mejoras en las condiciones de seguridad e higiene para los camioneros en los sitios de carga y descarga. En este sentido, pide mejoras en las rutas de acceso a los puertos que están muy deterioradas, medidas para evitar congestionamiento en el ingreso a las terminales portuarias que facilitan robos a los camioneros, no fumigar los camiones, y un plan de recambio de flota con financiamiento accesible, dado que el parque automotor del sector tiene una antigüedad de 30 años.
La medida de fuerza fue duramente cuestionada por las entidades que conforman la cadena de comercialización de granos. Ayer (20/03) el titular de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (CABCBUE) Javier Buján, consideró que el sector es "rehén" de una disputa entre el Gobierno y los transportistas de granos y agregó que " toda la logística" del sector está "detenida", por la protesta.
La protesta social ha recrudecido este año, tal y como se esperaba afines de 2011. El Gobierno de Cristina Fernández tuvo que implementar un ajuste para equilibrar las cuentas públicas y en ese marco se inscribió la quita de subsidios y el intento de imponer con la UIA un techo del 18% en las discusiones paritarias, porcentaje que despertó las quejas de Hugo Moyano.
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La semana pasada se registraron en la Capital Federal protestas de gremios de los profesionales de la salud, camioneros, mercantiles, docentes, estatales, organizaciones sociales y 60 cooperativas que denunciaron la eliminación de un subsidio del ministerio de Trabajo.
La situación generada provocó que Nilda Garré calificara de "extorsivos y salvajes" las protestas por lo que " condenamos estos cortes", aunque reiteró que el Gobierno se opone a la “criminalización de la protesta”.
