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La planta de Vicentin, en el Gran Rosario.
Luego de la audiencia, el fiscal Miguel Moreno dialogó con la prensa local y señaló que "las imputaciones por estafa son sumamente claras con la información reunida hasta el momento. No descartamos que en el proceso pueda surgir alguna otra conducta ilícita para atribuirles a estas personas o a otras". Según él, los directivos de Vicentin encubrieron "una venida a pique desde el 2017".
Respecto al perjuicio económico que causó la agroexportadora, Moreno expresó: "Si bien las maniobras no tienen un impacto en la opinión pública, generaron un daño social. Así como las bonanzas en determinados aspectos económicos generan un efecto derrame, esto fue uno, pero negativo".
Según explicó el fiscal, estas maniobras consistieron en "exhibir balances falsos donde no se registraban pasivos de deudas con productores granarios. Vicentin tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida del pasivo corriente de pagarle al productor granario cuando éste quería fijar el precio. Emitieron certificados de cumplimiento falsos con adulteración de ratio, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, para que tuviese acceso a desembolsos".
Miguel Moreno también aseguró que"las empresas satélite" de Vicentin recibían dinero de la agroexportadora con el objetivo de "prefinanciar exportaciones de los bancos. En muchos casos, sin contraprestación que se pudiera detectar. Hay un flujo de dinero intragrupo que no se puede justificar".
"Tenemos probado que no había solvencia total. Hubo un encubrimiento de la real situación, de una venida a pique desde 2017, ocultando a través de falsedades en los balances. Esa es la justificación de un paso a otro. Fue el ocultamiento de una decadencia económico-financiera", c oncluyó el fiscal.
