El Gobierno de Entre Ríos, este miércoles (18/01) emitió un comunicado donde sentaron su posición frente el caso y la intención de no “abrir juicios de valor, intervenir, decidir o tomar posición respecto del complejo suceso y a lo que indica la ley vigente”.
En este sentido, reitera que “ las decisiones a adoptarse encuentran marco jurídico en el Código Penal Nacional vigente en sus artículos 86° y 119° y sus modificaciones del año 1994. Asimismo reitera y recuerda a todos sus funcionarios que existe una ley provincial que garantiza los derechos sexuales y reproductivos que rige de pleno derecho desde el año 2003”.
Además recuerda la importancia de contemplar “lo expresado en los artículos 15° párrafo segundo, 19° párrafo primero y el artículo 20° de la Constitución Provincial”.
“Por todo ello es el Poder Judicial el que debe valorar y expedirse sobre la existencia del delito de violación, como requisito esencial previo que dispararía sí el procedimiento terapéutico previsto claramente por la ley cuya procedencia está fuera de discusión, toda vez que se acredite judicialmente dicho extremo, y que el Estado está obligado y dispuesto, desde luego, a cumplir”, afirman desde el gobierno de Sergio Urribarri.
Ante la tardanza de las autoridades judiciales, desde distintas organizaciones reclamaron por la urgente interrupción del embarazo.
Desde el Inadi, su titular, Pedro Mouratián manifestó este miércoles que ya “deberían haber realizado sin demora la interrupción del embarazo a la niña de 11 años”.
El Interventor del Instituto agregó además que “tomando en cuenta la edad de la niña y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina”.
“El caso no debería haber llegado a la Justicia y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud”, insistió Mouratián y agregó que “se entiende que un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”.
Por su parte, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Entre Ríos reclamó que se respeten las leyes vigentes para que a la niña de 11 años se le garantice el acceso al aborto no punible.
“El Estado entrerriano debe garantizar los derechos de la niña de 11 años -en toda su extensión y sin dilaciones- y respetar la decisión de su madre, que solicita la interrupción del embarazo producto de un abuso. Además, deben seguirse los procesos judiciales correspondientes para sancionar al responsable del delito cometido contra la integridad sexual de la menor”, remarca el documento.
“En nuestro país, en situaciones de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el Estado de Derecho puede intervenir para reparar el daño sufrido, respetando siempre la decisión de la madre de la niña de 11 años”, prosigue el comunicado.
Por último, desde la Campaña recuerdan que “tanto el Código Penal, como el Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles -recientemente normatizadas por el Ministerio de Salud de la Nación- establecen criterios claros para la intervención médica en casos de embarazos no punibles ”. Por estos motivos, advierten: “Estamos claramente en presencia de una negación en primera instancia de un derecho.
