El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se convirtió en el primer mandatario provincial que desafía al DNU del presidente Javier Milei ante la Corte Suprema, y lo hizo con respaldo del exjuez del máximo tribunal, Raúl Zaffaroni.
La acción legal que inició Ricardo Quintela busca fijar una posición "declarativa" de la Justicia y una cautelar que suspenda los efectos del decreto.
Como se mencionó, el mandatario tuvo el patrocinio legal de Raúl Zaffaroni y también de Raúl Ferreyra, quien había hablado ya a los medios explicando que "la Constitución prohíbe las formas plebiscitarias que basadas en la 'aclamación' implican, precisamente, una negación de la democracia representativa". De esta manera, el constitucionalista reflexionó:
"Queda manifiestamente claro que llamar una consulta para reformar 'centenar' de leyes es irracional y por ello incompatible con la forma republicana", expresó antes de destacar que se consumaría una "agresión a la democracia representativa", en el caso de que Javier Milei avance con su iniciativa.
Apenas horas después de aquellas palabras, Ferreyra y el exjuez supremo respaldaron a Ricardo Quintela quién presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se "declare la inconstitucionalidad del DNU de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei".
La medida, que busca también una suspensión cautelar de los efectos del decreto, marcó un desafío legal al controvertido paquete de reformas del libertario e inauguró la primer iniciativa en contra del decreto por parte de un mandatario provincial.
Según Quintela, el decreto produce "perjuicios irreparables a la ciudadanía" y va en contra de diversos artículos de la Constitución Federal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El gobernador argumentó que el decreto, al entrar en vigencia este viernes, "vulnera el federalismo y los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de la sociedad argentina".
El controvertido decreto incluye reformas en diversos sectores, como la flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas.
En este sentido, Ricardo Quintela sostuvo que el DNU "daña el federalismo y los valores democráticos", buscando en la Corte Suprema una garantía de la vigencia del estado de derecho.
El DNU debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, donde puede ser aceptado o rechazado por mayoría absoluta. Sin embargo, el gobierno incluyó el mega decreto en la Ley Ómnibus que envió al Congreso, asegurando su ratificación por otra vía en caso de obstáculos legislativos.
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