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La causa se inició por la denuncia del Gobierno nacional a inicios de septiembre, luego de la filtración de los audios de Karina Milei hablando con diputados de La Libertad Avanza. Desde el Ejecutivo se pidió investigar actividades delictivas llevadas adelante por una organización criminal a través de tareas de espionaje que incluían la obtención ilegal de conversaciones privadas de la hermana del presidente para luego editarlas o manipularlas. En la denuncia original se apuntaban los nombres de la diputada Pagano y su pareja, Franco Bindi.
Por sorteo la denuncia cayó en manos del juez Julián Ercolini, quien delegó la investigación en el fiscal Carlos Stornelli. Un abogado defensor se presentó en nombre de Pagano y Bindi para tener acceso al expediente. Pero el planteo fue desestimado por el juez, al entender que no estaban formalmente imputados en la investigación. Al mismo tiempo, se rechazó la recusación contra Stornelli impulsada por Bindi por falta de legitimación.
La Sala II de la Cámara Federal convalidó la decisión, y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los doctores Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani— también rechazó el recurso. Pagano y Bindi llegaron con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, pero los jueces desestimaron la presentación porque no se dirigía contra una sentencia definitiva.
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