La vicepresidenta Cristina Kirchner sufrió un revés judicial en la causa conocida como 'Cuadernos', ya que la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de “queja” contra su procesamiento como "jefa de una asociación ilícita".
El máximo tribunal penal, en fallo dividido, consideró que el procesamiento dictado por el difunto juez Claudio Bonadio y confirmado por la Cámara Federal “no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”. En consecuencia, no habilita la intervención de la máxima instancia de la Justicia penal, por lo cual rechazó el planteo.
Además, destacó que “en la presente, han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, sin que se observe la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”.
El fallo no va al fondo de la cuestión ni siquiera analiza los planteos de Cristina Kirchner contra su procesamiento. En los hechos, la decisión de la Casación –adoptada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, con la disidencia de Ana María Figueroa- despeja el camino hacia el juicio oral y público por la Causa Cuadernos.
“La impugnación intentada sólo revela una disconformidad con la desestimación dispuesta, que no es suficiente para configurar un supuesto de arbitrariedad o cuestión federal que autorice la apertura de esta instancia casatoria”, resume el fallo.
Cabe recordar que el caso Cuadernos fue elevado a juicio oral el 20 de septiembre de 2019, después de que la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones atribuidas a Cristina Kirchner y a más de un centenar de acusados.
El expediente central -ya que cuenta con seis casos conexos- sostiene que se dio por corroborada la existencia de una "asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".
La principal acusada como líder de esa organización, según la justicia federal, es la vicepresidenta. En oposición a los delitos atribuidos, su abogado Carlos Beraldi presentó un recurso de queja ante la Cámara de Casación.