"A este momento estamos superando los 45 barcos y, en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente. Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre US$50.000 y US$100.000 por día", explicó.
Esa cantidad de buques corresponde sólo al sector agroexportador. En total son cerca de 150 los barcos impedidos de ingresar a los puertos. La medida también impactó en la distribución de combustible. La Cámara Argentina de Energía (CADE) reportó 12 buques tanque frenados, lo que genera riesgo de desabastecimiento de nafta, gasoil y fuel oíl.
Si bien Idígoras defendió la política de desregulación para reducir costos del gobierno libertario, también admitió que la aplicación del decreto no fue virtuoso, sino todo lo contrario.
"Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad", dijo el dirigente en diálogo con Ámbito.com.
En esa línea, pidió una mesa de diálogo. "La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo en el día de hoy para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar", dijo.
En el mismo sentido se expresó la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), que pidió la conformación urgente de una mesa de negociación entre el Gobierno y el sector para restablecer la navegabilidad y encauzar la discusión normativa.
La entidad sostuvo que la paralización “frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina”, además de evidenciar “la urgencia de actualizar el régimen normativo”.
Sanciones
Pero desde la Casa Rosada defendieron el decreto y anticiparon más que una conciliación, sanciones a los prácticos.
En conferencia de prensa este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno sancionará a esos profesionales marítimos al destacar que se trata de un servicio esencial y que influye directamente en el “costo argentino”.
“Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de sostenerlo. Seguramente va a haber sanciones; no tengo ahora los detalles, pero sin dudas es algo que va a ocurrir; se está decidiendo en este mismo momento”, declaró el vocero.
Ravier también indicó que la intención de la medida es abaratar los costos del transporte. “El Gobierno busca bajar el costo argentino, muy elevado en comparación con el de otros países. Buscamos que entren nuevos jugadores con precios más competitivos, una mejora tanto para empresas como para consumidores. Lograríamos menor costo logístico, y por ende precios más bajos”, afirmó el funcionario.
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