Rebelión de los dialoguistas: Bullrich se quedó sin firmas y el Súper RIGI volvió a trabarse

Los senadores dialoguistas empezaron a ponerse más exigentes en el Congreso. Los planes del oficialismo se empiezan a trabar.

El Gobierno volvió a comprobar en el Senado que los votos de los aliados tienen precio. Patricia Bullrich intentó avanzar este miércoles con el dictamen del denominado Súper RIGI, pero una rebelión de senadores dialoguistas frustró el plan y obligó al oficialismo a postergar la discusión.

La pulseada tiene un número en el centro: el porcentaje de participación de proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión.

Tres legisladores que resultan fundamentales para que La Libertad Avanza consiga las firmas necesarias endurecieron sus condiciones y reclamaron elevar la presencia nacional prevista en la iniciativa. Sin ellos, el oficialismo quedó sin margen para cerrar el dictamen y tuvo que mandar la discusión a cuarto intermedio.

Los protagonistas del planteo son Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; Maximiliano Abad, de la UCR; y Martí Goerling, del PRO.

Dialoguistas se ponen exigentes

Los tres evitaron participar del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General y dejaron a Bullrich sin los números que necesitaba.

La señal política fue clara: están dispuestos a negociar, pero no a acompañar el proyecto tal como pretende el Gobierno.

El 30% que complica los planes de Bullrich y el oficialismo

El conflicto gira alrededor del denominado “compre nacional”, uno de los puntos que ya había generado negociaciones durante el paso del proyecto por Diputados.

La media sanción estableció que los proyectos alcanzados por el régimen deberán asumir un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado a proveedores.

Ahora los dialoguistas quieren ir más lejos. El nuevo planteo apunta a llevar ese piso al 30%, con la posibilidad de alcanzar incluso el 40%, y establecer mayores garantías para que el beneficio recaiga efectivamente sobre bienes producidos en la Argentina.

El pedido choca con la posición que viene sosteniendo el ministro de Economía, Luis Caputo, poco proclive a incorporar obligaciones de este tipo dentro del régimen de inversiones.

Bullrich quedó así en una posición incómoda: necesita satisfacer, al menos parcialmente, las demandas de los senadores que pueden darle el dictamen, pero cualquier concesión deberá atravesar primero el filtro del Palacio de Hacienda.

La jefa del bloque libertario se comprometió a trasladar el planteo a Caputo, aunque dentro del oficialismo no abundan las expectativas de que Economía acepte elevar sustancialmente el porcentaje.

Los aliados empiezan a mostrar los dientes en el Senado

El episodio también deja una fotografía del nuevo escenario que enfrenta el Gobierno en el Congreso.

La Libertad Avanza necesita nuevamente de los bloques dialoguistas para aprobar una de sus iniciativas económicas, pero esta vez esos sectores parecen decididos a utilizar el peso de sus votos para introducir modificaciones.

Espínola, Abad y Goerling son especialmente importantes para construir la mayoría necesaria en las comisiones y habilitar posteriormente la discusión en el recinto.

Pero no fueron los únicos que decidieron tomar distancia. También estuvieron ausentes Alejandra Vigo, de Provincias Unidas; Flavio Fama, de la UCR; Andrea Cristina, del PRO; Guillermo Andrada, de Convicción Federal; Beatriz Ávila, de Independencia; y Julieta Corroza, de Neuquén.

La acumulación de faltazos terminó haciendo imposible el objetivo que el oficialismo tenía para este miércoles. Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y encargado de conducir el plenario, llegó a poner en circulación el dictamen para reunir adhesiones. Las firmas, sin embargo, no aparecieron.

En LLA relativizan el “compre nacional”

La resistencia del Ministerio de Economía también encuentra respaldo entre algunos integrantes del bloque libertario.

Durante la discusión, el senador sanjuanino Bruno Olivera cuestionó la necesidad de establecer un porcentaje obligatorio para proveedores argentinos al considerar que los grandes proyectos terminan superando naturalmente ese nivel de contratación por el efecto que generan sobre la economía local.

El legislador admitió, además, que imponer esa condición puede incrementar los costos de las inversiones.

El punto no es menor. El requisito del 20% había sido incorporado durante el tratamiento en Diputados luego de los planteos de la Unión Industrial Argentina, pero ahora algunos aliados consideran que esa protección resulta insuficiente.

La discusión enfrenta así dos posiciones: la intención del Gobierno de mantener un régimen con la menor cantidad posible de condicionamientos y la presión de senadores que buscan garantizar una mayor participación de la industria argentina.

El calendario de Bullrich también quedó en duda

La falta de acuerdo amenaza además los tiempos que había diseñado el oficialismo.

Bullrich pretendía obtener el dictamen y dejar el proyecto listo para intentar llevarlo al recinto el próximo 10 de septiembre.

Sin las firmas de los dialoguistas, ese cronograma quedó condicionado a que durante los próximos días aparezca una salida política.

Monteverde finalmente dispuso pasar la reunión a cuarto intermedio y continuar la discusión la semana próxima.

Hasta entonces, Bullrich tendrá que negociar en dos frentes: convencer a Caputo de realizar una nueva concesión y conseguir que los aliados regresen a la mesa con sus firmas.

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