¿Qué es el CFI y de dónde sale su dinero?
Ese punto resulta clave para entender por qué la nueva revelación volvió a encender la discusión política.
El Consejo Federal de Inversiones no es una empresa privada. Es un organismo público interestadual, creado en 1959 a partir de un acuerdo entre las provincias argentinas, la entonces Municipalidad de Buenos Aires y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego.
Su conducción también tiene una estructura eminentemente provincial: el órgano superior es una Asamblea integrada por representantes de los Estados miembros y, según explica oficialmente el propio CFI, la orientación estratégica y política del organismo es definida por los gobernadores de las provincias argentinas.
El organismo administra herramientas técnicas y financieras destinadas, entre otras cosas, a programas de desarrollo, proyectos provinciales, capacitación y financiamiento productivo.
Es decir, si finalmente se confirma la contratación denunciada, la discusión ya no estaría centrada simplemente en los ingresos privados de Fernández, sino en una contratación realizada a través de un organismo público de carácter federal.
Del escrache en Llao Llao a los contratos
La revelación aparece apenas días después de que Fernández quedara en el centro de una fuerte discusión en X por sus vacaciones junto a su pareja, Marcos Aramburu, en el Llao Llao Resort de Bariloche.
Fue justamente Díaz Cueto uno de los primeros en difundir imágenes y videos de ambos en el lugar.
“Pero cuando Ofelia y Marcos vuelvan van a decir que no llegan a fin de mes por Milei y tal pero mientras tanto full Llao Llao”, escribió entonces el periodista. La publicación fue replicada por numerosas cuentas vinculadas al universo libertario y terminó convirtiendo unas vacaciones privadas en una discusión política sobre discurso, consumo y nivel de vida.
La controversia escaló todavía más cuando Aramburu decidió responder públicamente.
“¿Qué pasa Tomi, querés conocer el Llao Llao? Pedile a Martín Menem que te lleve, les va a quedar linda la bata”, escribió la pareja de Fernández, llevando la pelea al terreno personal.
Ahora, apenas unos días después, Díaz Cueto volvió a apuntar contra la exlegisladora, pero con una acusación diferente: ya no cuestionó solamente el contraste entre su discurso político y sus vacaciones, sino que puso el foco directamente sobre el origen de una parte de sus ingresos.
Ofelia ya no es legisladora, pero la polémica por los fondos públicos vuelve a rodearla
Fernández fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023. Ese último año decidió no buscar la renovación de su banca y desde entonces no integra la Legislatura porteña.
Ese dato había sido utilizado justamente por quienes salieron a defenderla después del episodio del Llao Llao: si ya no ocupaba un cargo público, argumentaban, la manera en la que decidiera gastar su dinero pertenecía exclusivamente a su vida privada.
La nueva denuncia introduce otro elemento en esa discusión.
Si la documentación difundida por Díaz Cueto termina acreditando efectivamente una contratación por más de $17 millones, Fernández podría no ocupar actualmente una banca legislativa, pero sí estaría percibiendo recursos provenientes de una contratación con un organismo público integrado por las provincias.
Eso, naturalmente, no implica por sí mismo ninguna irregularidad. Los organismos públicos pueden contratar profesionales y prestadores para diferentes proyectos y servicios. La discusión pasa por conocer qué trabajo fue contratado, cuánto se acordó pagar, bajo qué procedimiento se realizó la contratación y cuáles fueron concretamente las tareas desarrolladas.
Son esos datos los que permitirían determinar si detrás de los $17,3 millones denunciados existe simplemente una prestación profesional contratada por el CFI o si hay elementos que justifiquen un cuestionamiento mayor.
Una polémica que cambió de eje
Cuando aparecieron las primeras imágenes del Llao Llao, el debate tenía una limitación evidente: nadie había demostrado que las vacaciones de Fernández hubieran sido pagadas con fondos públicos.
De hecho, tampoco existe información pública que permita saber cuánto pagaron ella y su pareja por la estadía, qué habitación contrataron, cuántas noches permanecieron en el hotel o si accedieron a algún tipo de promoción. Como referencia, las tarifas relevadas para septiembre partían aproximadamente de los $414.000 por noche para dos personas y podían aumentar considerablemente según la categoría.
La denuncia conocida ahora es distinta.
Díaz Cueto no está afirmando que el CFI haya pagado directamente las vacaciones. Lo que sostiene es que Fernández tendría ingresos provenientes de contratos con ese organismo público por más de $17,3 millones.
La diferencia no es menor.
El episodio comenzó con una fotografía en uno de los hoteles más exclusivos del país y una discusión sobre la supuesta contradicción entre el discurso político de Fernández y su estilo de vida. Ahora, el foco se trasladó hacia otro lugar: determinar si efectivamente existe ese contrato, cuánto dinero público involucra y qué trabajo realizó la exlegisladora a cambio.
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