El referente dijo que el gobierno provincial no estableció contactos y "sólo anunciaron un aumento del 44%, muy por debajo de los sueldos de la Policía de Neuquén y de los de la provincia de Buenos Aires".
Muñoz cuestionó también la falta de una convocatoria al diálogo ya que ninguno de los referentes ha sido llamado a una reunión con el ministro de Gobierno de la provincia, Gastón Pérez Estevan.
En el petitorio entregado a los jefes de la Regional II, los policías rechazaron el incremento salarial y exigieron un sueldo mínimo de 70.000 pesos.
"Mantenemos la postura en cuanto al aumento del servicio de policía adicional debiendo considerarse el 100% en todas sus categorías", expresa otro de los párrafos. En esa misma línea, exigieron que las horas de recargo se paguen al equivalente a horas de servicio categoría 1.
Con respecto a la pandemia, solicitaron que se garantice la entrega de equipamiento de bioseguridad para los empleados policiales y además que tengan asistencia médica inmediata aquellos que den positivo al test de covid-19.
El petitorio concluyó con un pedido para que el aumento sea remunerativo y la creación de una mesa de diálogo policial que esté integrada por representantes de las fuerza de distintas reparticiones.
En uno de los últimos párrafos, le pidieron a las autoridades de la policía que no tomen represalias contra el personal que está llevando adelante la protesta.
Desde el gobierno provincial se informó luego de las protestas un cuadro con los montos de los salarios que percibirán los empleados policiales y del Servicio Penitenciario Provincial en los primeros días de octubre. La base para el escalafón de suboficiales quedaría en $ 40.576, en tanto que el sueldo mínimo para los oficiales será de $ 46.066. Esos montos crecen hasta $ 46.186 y $ 54.810, respectivamente, con los adicionales por presentismo y por vivienda.
Si bien la propuesta salarial del Gobierno rionegrino para las fuerzas policiales tendrá un impacto relativo dentro del presupuesto provincial, el verdadero problema que provoca temor son las demandas que llegarán, a partir de este reclamo, desde los distintos sectores de la administración pública. Son muchos los miles de millones que ahí estarán en juego en un contexto complejo donde los ingresos fiscales no terminan por mostrar una recuperación.
En paralelo, la provincia afronta el otro gran problema que es la pandemia. Es uno de los territorios más afectados. Y en ese marco es que surgió otra polémica por una megacompra que lleva a pagar a la provincia 71 millones en respiradores que la ANMAT no aprueba.
Desde el organismo nacional informaron, que los 50 equipos que pretende importar el gobierno rionegrino no tienen documentación respaldatoria para ingresar al país.
"La empresa no ha aportado aún los datos y la documentación solicitada a todos los productos de riesgo clase III. Una vez presentada podrá evaluarse su ingreso". Con esa respuesta oficial queda claro que los 50 respiradores que el gobierno de Río Negro compró en el exterior están lejos de su incorporación a los hospitales de la provincia.
Según el mencionado matutino, el Ministerio de Salud informó anoche que el costo de la operación fue de 71 millones de pesos y que la intermediaria es KMG Fueguina, "una empresa de Tierra del Fuego que ha hecho importaciones y fabrica equipamientos médicos también".
El monto a erogar es ampliamente superior al valor de mercado de los respiradores fabricados en la Argentina. Esos equipos cuestan alrededor de 800.000 pesos más IVA, según informaron ayer dos fuentes del sector privado.
El sinuoso camino de los respiradores de origen chino empezó a revelarse apenas hace 15 días, cuando el ministro de Salud, Fabián Zgaib, dijo en una entrevista radial que ese medio centenar de aparatos se encontraban frenados en la Aduana argentina.
Poco después y con la intervención de representantes rionegrinos del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, se supo que las trabas no estaban en ese organismo dependiente de la AFIP. Los problemas estaban en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Por lo tanto, lo que apareció en un principio como una burocrática cuestión de papeles tomó rumbo hacia otro lugar, porque las dudas están puestas sobre el nivel de eficiencia y las certezas sobre la trazabilidad de esos productos antes de autorizar su uso en una terapia intensiva del sistema público rionegrino.
El miércoles pasado, durante la conferencia de prensa realizada en Roca junto a referentes del Ministerio de Salud de la Nación, Zgaib fue consultado sobre el tema. "No están trabados en la Aduana" fue lo primero que admitió el ministro, aunque luego dijo que "la empresa está hace 35 días en la Aduana".
Luego indicó que "todo el material médico que ingresa debe tener autorización de Anmat" y que el viernes pasado "tuve comunicación con el administrador de Anmat", Manuel Limeres, quien supuestamente se comprometió a colaborar para agilizar los trámites y permitir que los insumos lleguen a la provincia.
"Nos falta un certificado de la empresa de libre venta para la Comunidad Europea, a partir de ahí la Aduana lo habilita para entrar", agregó el ministro.
Esa versión contrasta con la respuesta oficial que dieron desde el área de Prensa de la Anmat, asegurando que la firma importadora "no ha aportado aún los datos y la documentación solicitada" por el organismo.
Según los datos a los que accedió el diario rionegrino de otras fuentes oficiales, el expediente relacionado con la compra del gobierno provincial se encuentra en la Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos, cuya responsable es Andrea Bodnar.
De todas maneras y más allá de las explicaciones que dio el ministro de Salud, dentro del gabinete rionegrino otros funcionarios admiten que la compra de los 50 respiradores en el exterior se hizo sin la rigurosidad que requiere una inversión de tamaña magnitud.
Esas fuentes, que pidieron reserva de sus nombres, recordaron que la compra se hizo al inicio de la pandemia, cuando el gobierno nacional informó que concentraría toda la producción de estos equipos que se realiza en el país.
"No se sabía lo que podía venir y ante el temor de quedar desprovistos, fueron varias las provincias que buscaron respiradores en el exterior para resguardarse", detalló un miembro del gabinete provincial.
Evidentemente, los cálculos y las gestiones estuvieron lejos de la eficiencia.
Bocinazo en Santa Cruz
Con una multitudinaria caravana se concretó ayer en la capital de Santa Cruz, un bocinazo de la policía provincial que además se replicó en todas las localidades del interior. Tal como estaba definido miembros de la policía de seguridad, del servicio penitenciario y de bomberos se manifestaron por diferentes arterias de Río Gallegos 'Por un sueldo digno'.
Con mucho ruido, pancartas y banderas argentinas se movilizaron por el centro de la ciudad, en este contexto de pandemia, sin embargo, cuando el grupo de acercó a las puertas de la Jefatura se escucharon con más fuerza las sirenas de los vehículos, dando a conocer su presencia.
Un vocero del grupo explicó a medios locales que esta acción "no era para ponerse en contra de la fuerza, ni de las autoridades, sino para mostrar que hay otra unidad de los efectivos de la policía, que también deseamos estar presentes en el Consejo del Salario. Por ello, te comento que mantuve un diálogo con Daniel Barrientos, quien está al frente del Consejo, y acordamos que él posibilitará mi ingreso a los encuentros de la mesa de negociación".
Según 'La Opinión Austral', la caravana convocada de forma extraoficial a través de redes sociales (sin el aval de la Asociación Civil Policial que este año acordó un 20% de aumento con cláusula de revisión en el Consejo del Salario), tiene como referente a Mario Monsalvo, quien durante el gobierno de Daniel Peralta avanzó fuertemente con la idea de sindicalizar a la Policía, en protestas que incluyeron autoacuartelamientos y hechos de violencia.
El caso de Chubut
También en la vecina provincia de Chubut, las principales ciudades fueron escenario para el reclamo del personal policial, tanto activos como retirados, quienes marcharon junto a sus familias pidiendo por haberes adeudados.
Dentro de la escala estatal, la menor deuda -aunque deuda al fin- la lleva este sector quienes aun no percibieron salarios de julio, agosto, el medio aguinaldo y una cláusula gatillo. Allí afirman que cuando se conocía la convocatoria de movilización, la fuerza policial habría recibido "presiones" para evitar dicha manifestación. Sin embargo en Trelew, Madryn y Comodoro la marcha fue efectiva.
