En un primer momento, Fernández intentó que la causa fuera trasladada a los tribunales de San Isidro, bajo el argumento de que los presuntos episodios de violencia habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, donde convivía con Yañez durante su presidencia.
Posteriormente, la estrategia se concentró en llevar la investigación a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
En paralelo, el exmandatario presentó una denuncia contra su expareja por supuesto hostigamiento, en la que hizo referencia a situaciones que habrían ocurrido mientras Yañez residía en España junto al hijo que tienen en común.
Ese expediente abrió una nueva discusión judicial. En octubre de 2025, la Cámara de Casación en lo Contravencional y de Faltas porteña ordenó solicitar al entonces juez federal Julián Ercolini que dejara de intervenir en la investigación por violencia de género y enviara las actuaciones a la Justicia de la Ciudad.
Sin embargo, el conflicto terminó en manos de la Corte Suprema, que ahora definió que el expediente debe permanecer en el fuero federal.
De esta manera, quedó sin efecto la posibilidad de que la investigación fuera absorbida por los tribunales porteños a partir de aquel planteo.
De los mensajes encontrados en un celular a la denuncia por violencia de género
El expediente contra Alberto Fernández tuvo su origen en agosto de 2024, cuando una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gobierno permitió descubrir conversaciones e imágenes vinculadas con Fabiola Yañez.
El material fue encontrado en el teléfono de la exsecretaria del mandatario, que estaba siendo analizado en el marco de la causa por supuesta corrupción en el negocio de los seguros estatales.
La aparición de esos registros derivó en la difusión pública de las acusaciones y, posteriormente, en una denuncia formal presentada por Yañez contra su expareja.
A partir de entonces, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González impulsaron una investigación por presuntos episodios de violencia, amenazas y lesiones.
El avance del expediente estuvo acompañado por distintas presentaciones de la defensa de Fernández, que cuestionó tanto aspectos de la investigación como la intervención de los magistrados.
En agosto de 2025, el fiscal González solicitó la elevación de la causa a juicio oral, aunque el proceso continuó atravesado por discusiones judiciales que impidieron concretar esa instancia.
El cambio de juez y la relación de Alberto Fernández con Rafecas
Otro de los puntos que marcó el desarrollo de la investigación fue el apartamiento de Julián Ercolini, quien había intervenido desde el comienzo del expediente.
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó un planteo de recusación presentado por la defensa de Fernández, que argumentó que el magistrado había mantenido una relación de amistad con el expresidente y que posteriormente ambos se habían distanciado.
Tras esa decisión, la causa quedó en manos de Daniel Rafecas, quien actualmente subroga el Juzgado Federal N.º 10.
La intervención de Rafecas tiene una particularidad: el magistrado también mantiene una historia de vínculos profesionales con Fernández.
Ambos se conocieron en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires, y fue durante la presidencia de Néstor Kirchner cuando Rafecas llegó a la Justicia federal, con el respaldo de quien entonces se desempeñaba como jefe de Gabinete.
Años más tarde, ya como presidente, Fernández propuso a Rafecas para ocupar el cargo de procurador general de la Nación. Sin embargo, su candidatura nunca llegó a ser tratada por el Senado.
A diferencia de lo ocurrido con Ercolini, esa relación previa no derivó en el apartamiento de Rafecas de la investigación.
Un expediente que sigue abierto y un posible cambio de magistrado
La resolución de la Corte llega en un momento particular para la causa, ya que esta semana también trascendió que el Gobierno nacional nominó a Daniel Rafecas para integrar la Cámara de Casación porteña.
La eventual designación podría provocar otro cambio en la conducción del expediente, aunque dependerá de que se complete el procedimiento institucional correspondiente.
Por ahora, la principal consecuencia del fallo es que la investigación continuará en Comodoro Py, tal como había sostenido el Ministerio Público Fiscal.
Para Alberto Fernández, la decisión significa que uno de los caminos utilizados por su defensa para modificar el rumbo judicial del caso quedó definitivamente descartado.
La Corte no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia del expresidente, sino exclusivamente sobre qué jurisdicción debe intervenir. No obstante, su resolución despeja una discusión que había mantenido abierto un frente procesal durante meses.
Mientras tanto, el expediente iniciado por Fabiola Yañez sigue pendiente de una definición sobre su avance hacia el juicio oral, una instancia en la que deberán examinarse las acusaciones y las pruebas reunidas durante la investigación.
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