Pero según el decreto 571 que se publica este lunes en el Boletín Oficial, aquellas modificaciones alteraban "ostensiblemente el criterio demarcatorio que separa Defensa Nacional de la Seguridad Interior".
De acuerdo a la nueva disposición firmada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el decreto 683/18 "modificó la voluntad del legislador y el espíritu de la Ley de Defensa Nacional", al eliminar lo dispuesto en la redacción original del Decreto Nº 727/06, el que sostenía que debía entenderse el término “agresión de origen externo” como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
Respecto al 703/18, sostiene que invocó "sin fundamentos evidentes, que el Sistema de Defensa Nacional adolecía de un conjunto de limitaciones doctrinarias e institucionales" y establecía “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo del Instrumento Militar, como “la desarticulación de redes delictivas vinculadas al narcotráfico, la piratería, la trata de personas y el contrabando”, así como para “prevenir la expansión del terrorismo transnacional”.
Según el nuevo decreto, estas "nuevas amenazas" ponen "en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta como el Instrumento Militar que se encuentra funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales".
Además de la derogación de los decretos macristas, el 571/2020 restableció la vigencia de los decretos 727 del 12/06 de 2006, 1691 del 22/11 de 2006, 1714 del 10/11 de 2009 y su actualización aprobada por el Decreto Nº 2645 del 30/12 de 2014
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