"El Presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia contra el negacionismo", dijo a la agencia Télam Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas de la última dictadura militar y quien representó al Estado en el proceso de extradición del expolicía Mario Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad en centenares de casos.
Ambas propuestas cuentan con el apoyo de la ACAF (Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia), varios de cuyos miembros participaron del encuentro con el presidente en el Hotel Regina de París.
"El presidente fue muy sensible con nuestras inquietudes, y nos dijo que estas cuestiones entrarían en su agenda", explicó por su parte María Laura Stirnemam, de la asociación HIJOS de desaparecidos. Stirnemam es hija de Laura Rosa Franchi, copresidente de la ACAF, y de Mario Stirnemam, un militante del PRT desaparecido no en la dictadura, sino meses previos a su inicio, en noviembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Esta organización pide por la liberación de Milagro Sala y en un carta enviada al Presidente previamente a la reunión le solicitó que su gobierno "arbitre los medios para liberar sin demora a la luchadora social" y a "otros presos políticos".
De acuerdo a clarín.com, el Presidente le delegó el estudio de la iniciativa a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. “Nunca lo había pensado, seguilo”, le dijo Fernández a su funcionaria, según ese medio.
En la Argentina hay una controversia sobre cuál es el número real de desaparecidos durante el último gobierno de facto. Mientras la posición histórica de una parte de la sociedad, que incluye a las organizaciones de Derechos Humanos, es que los desaparecidos fueron 30 mil, otros sostienen que esa cifra nunca fue demostrada, además que no consta en registros oficiales, como el Nunca Más confeccionado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep). En la recuperación de la democracia, la Conadep constató 7.954 casos.
Por su parte, Graciela Fernández Meijide, exintegrante de la Conadep, habló en una entrevista sobre el origen de los 30 mil desaparecidos: “Los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, no existía la figura de desaparición forzada. Eduardo Luis Duhalde (quien fuera luego secretario de DD. HH. durante el kirchnerismo) me contó allí que pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que estaba pasando”.
La polémica tuvo algunos picos. En 2016, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, echó al entonces ministro de cultura porteño Darío Loperfido por insistir en que en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos.
Por su parte, el excandidato presidencial Juan José Gómez Centurión, militar retirado que fue jefe de la Aduana de Mauricio Macri, fue denunciado ante la Justicia al rechazar también el número de desaparecidos que sostienen los organizaciones de Derechos Humanos. "8.000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22 mil mentiras", había dicho.
De todas formas, el exfuncionario fue sobreseído de manera definitiva. El fiscal federal Ramiro González desistió en mayo de 2017 de apelar el sobreseimiento que había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien entendió que Gómez Centurión no incurrió en "apología del delito", como tampoco exaltó ni reivindicó ningún hecho y/o protagonistas.
