"El gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas. Con el dictado del DNU N° 641/20 estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria, previsto en el Artículo 29° de la Constitución Argentina- La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los Artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable, y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo", comienza el comunicado.
"Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y PYMES, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la Provincia de Buenos Aires", continúa el texto.
Y agrega que "el DNU es inconstitucional y de nulidad absoluta ya que abarca materia penal, expresamente prohibida por nuestra Constitución. Con este decreto están instalando un estado de sitio de hecho".
"El Gobierno pretende plantearnos una falsa dicotomía entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos que esa no es la salida", aseguró el bloque de la Coalición Cívica.
"La actual situación nos obliga a entender que debemos ir aprendiendo a convivir con el virus, como están haciendo otros países y ciudades del mundo; poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades. La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un estado autoritario y policíaco", finaliza el texto, que seguramente generará gran polémica.
Cabe recordar que días atrás, Carrió cuestionó a los asesores que escogió el presidente Alberto Fernández para llevar a cabo la reforma judicial: “Han sido defensores de la corporación política, ha habido dos grandes defensores de los delitos”, advirtió.
