Uno de los ejes de la denuncia es que la continuidad de esa protección estaría basada en supuestas amenazas que, según sostiene la legisladora, nunca fueron formalmente denunciadas ante la Justicia ni habrían dado lugar a una evaluación oficial de riesgo.
En ese sentido, la presentación advierte que tampoco existiría -siempre según la denuncia- un acto administrativo que respalde la asignación de esos recursos estatales ni una resolución definitiva del Ministerio de Seguridad que autorice la extensión del operativo.
"La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime", argumentó la diputada.
Marcela Pagano también recordó denuncias anteriores
La nueva presentación judicial se suma a otras acusaciones que ya habían surgido durante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex funcionario.
En ese contexto, habían trascendido versiones según las cuales vehículos oficiales habrían sido utilizados para actividades particulares, como traslados de empleadas domésticas o desplazamientos de familiares acompañados por la custodia asignada a Adorni. Esos episodios forman parte de las denuncias públicas realizadas previamente, aunque deberán ser corroborados en sede judicial.
Los delitos que pide investigar
En su presentación, Pagano solicitó que la Justicia determine si existieron conductas que puedan encuadrarse en los delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Con esta nueva denuncia, Adorni vuelve a quedar bajo la lupa judicial en una causa que ahora buscará establecer si, tras abandonar el Gobierno, continuó recibiendo recursos y protección financiados por el Estado sin el respaldo legal correspondiente.
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