Si bien la candidata de Llaryora al TSJ se encuentra cumpliendo funciones en la Municipalidad de Córdoba comandada por Daniel Passerini, el gobernador habría concretado otro “salto” desde la oposición al oficialismo para fortalecer la gestión. Algo similar a lo que ocurrió con su compañera de fórmula y ahora vicegobernadora, Myrian Prunotto.
En el caso de la ex intendente de Estación Juárez Celman, la transferencia al Ejecutivo provincial le valió la crítica de casi todo el radicalismo, llegando incluso a un intento de expulsarla del espacio. Algo que también aconteció con Javier Pretto, ex presidente del PRO en Córdoba y actual viceintendente de la gestión peronista municipal.
Enojo interno
La propuesta de Valentini para el TSJ sacudió los rincones internos del peronismo al cierre de un año de transición ideológica dentro del oficialismo provincial. En ese sentido, algunos sectores del oficialismo peronista reclamaron la postulación de la radical y señalaron la existencia de mujeres de trayectoria en el PJ capaces de ocupar el cargo.
“No pongo en duda la capacidad profesional de la Dra. Valentini, pero no estoy de acuerdo con que una militante radical sea propuesta al TSJ. En el justicialismo hay mujeres con gran trayectoria judicial que también podrían ocupar ese lugar”, afirmó la legisladora peronista Nadia Fernández vía redes sociales. Cabe destacar que el Gobierno provincial apuntó a dar cumplimiento al cupo femenino que se exige por ley para la conformación del órgano.
De cualquier manera, la estructura general del oficialismo peronista de Córdoba estaría alineado con lo propuesto por Llaryora. Así, el gobernador estaría dispuesto a ir avanzando en la idea del “partido cordobés”, dando continuidad a la transformación de la gestión del PJ con más de 25 años ininterrumpidos en el poder.
Otros nombramientos
Además de Valentini, Llaryora impulsó al Doctor Pablo Alfredo Bustos Fierro como Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y al Doctor Pablo Damián Pupich como Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa. El primero ocupa actualmente el cargo de Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal, mientras que el segundo es Defensor Público Penal.
