Ernesto Flores, el legislador del escándalo político.
El caso Agostina Vega
Cabe recordar que Claudio Barrelier era un empleado municipal y militante activo del PJ. De hecho, mantuvo una relación estrecha a nivel político con el ex concejal municipal Ricardo Moreno, quien admitió haber facilitado su ingreso a la Municipalidad de Córdoba a raíz de su actividad política.
Para Moreno, el caso Barrelier terminó por generar una implosión a su carrera política. Los efectos no se limitaron solo a su banca en el Concejo, sino que también puso la lupa pública sobre todo su entorno, donde se encontraron más señales de prácticas polémicas con allegados ocupando cargos públicos.
Más atrás en el tiempo surgen otros casos de “casta”, como el del ex legislador Oscar González, quien sufrió un grave accidente automovilístico a bordo de un vehículo oficial donde murió una persona bajo circunstancias que todavía están en debate. El poderoso dirigente quedó envuelto en varias polémicas que rodearon el caso.
Martín Llaryora y la contratación militante
Para el PJ cordobés, liderado por Llaryora, el caso Flores llegó para exponer la permanencia de una práctica extendida tanto a nivel provincial como en los municipios. Se trata de la contratación de agentes por motivos políticos o de militancia, independientemente de la idoneidad para los cargos.
En ese sentido, muchos cuadros de empleados públicos en Córdoba están conformados por actores militantes que garantizan el apoyo político de sus jefes directos. Algo que resulta útil a la hora de negociar paritarias o ejecutar reformas, pero que suele ser un dolor de cabeza en momentos de crisis o necesidades técnicas.
Martín Llaryora y un nuevo sacudón político.
Al respecto, el Gobierno provincial y municipal de Córdoba capital, a cargo de Daniel Passerini, endurecieron recientemente la puerta de ingreso al Estado. Tras años de flexibilidad, los requisitos sobre antecedentes penales se ciñeron a periodos de tiempo más cortos y la ejecución de auditorías para detectar casos problemáticos.
Sin embargo, el problema central no es el porvenir de los empleados que puedan sortear los filtros y terminar cobrando un salario público aún teniendo conflictos con la Justicia. Lo que preocupa dentro del oficialismo es la cantidad de empleados de planta permanente que se pueden haber acumulado tras varios años de facilidades para la integración al empleo público.
Más noticias en Urgente24
No suma un acuerdo LLA-PRO y ya hay más miedo al 'riesgo Javier Milei' que al 'riesgo kuka'
Gobierno de Milei debate piso salarial de $1.070.000: ¿Por qué ahora?
Paro cívico-militar: "El Gobierno oculta que se están muriendo por no tener prestaciones"
